El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha asegurado hoy que el Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) podría estar detrás del espionaje realizado por un detective privado a un agente de la Policía Local que fue denunciado hace unas semanas.
Los servicios jurídicos del Sindicato, según ha informado en una nota de prensa, se han hecho cargo de un caso en el que «todo apunta a que es el Ayuntamiento el que está detrás de la contratación del detective privado que puso un dispositivo de seguimiento GPS en el vehículo particular del agente».
Ha calificado el hecho de «intolerable» y ha añadido que «es otro atropello más de los derechos, en este caso a la intimidad del agente, y forma parte de una serie de medidas de acoso que en general están sufriendo los miembros de la plantilla de la Policía Local de Alovera desde hace meses».
El Sindicato ha precisado que el agente policial denunciado, que está en situación de incapacidad temporal, pasa todos los controles por parte de los servicios médicos e, incluso, de forma semanal por parte de la Mutua del Ayuntamiento «sin incidencia o duda alguna» por lo que la contratación de un detective privado por parte del Ayuntamiento «resulta injustificado y desproporcionado».
«El haber utilizado un sistema de seguimiento GPS conculca el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar» que recoge la Constitución, ha añadido, «de intromisión ilegítima con el fin de conocer a lo largo del día y la noche el lugar donde se encuentra el trabajador a través de la posición de su vehículo, los lugares que visita, etc., en contra de su voluntad».
Ha recordado que los tribunales de Justicia ya han determinado que «estos medios no respetan el principio de proporcionalidad, pues resulta totalmente innecesario atendiendo al objetivo perseguido y no justifica un medio tan invasor de la vida privada».
El Sindicato ha anunciado que pedirá a la Corporación las responsabilidades que se puedan derivar «por utilizar recursos económicos públicos en esta actividad fuera de los cauces legales» y las explicaciones oportunas «de la persona que tomó la decisión y firmó el contrato para la utilización del detective privado».
Además, se pedirá información de si otros empleados públicos han sido o están siendo espiados «ya que también podríamos estar ante una discriminación y persecución particular hacia el agente, que coincide en el tiempo con decisiones judiciales en contra del Ayuntamiento y del Jefe de la Policía Local ante las denuncias del agente por acoso laboral injustificado».
Hace unos meses el agente afectado presentó una denuncia judicial contra el Jefe de la Policía Local, «donde con utilización de información manifiestamente contraria a la veracidad dio lugar a una actuación cautelar de la Guardia Civil para la retirada del arma particular del agente», ha apuntado.
Una medida que «levantó de forma inmediata la Guardia Civil al conocer los datos reales» y que el Juzgado iniciara hace unos días actuaciones judiciales contra el propio Jefe de la Policía Local.
Por todo ello, ha solicitado a los responsables políticos del Ayuntamiento que «de forma urgente» tomen las medidas oportunas y que «cesen las acciones de acoso hacia el colectivo de la Policía Local», y no ha descartado que «ante la inmovilidad del Ayuntamiento por resolver esta situación de conflicto laboral» haya comenzado a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales.