La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) considera que una de las prioridades a tener en cuenta, de cara al nuevo año y en relación con el medio natural, es «la desaparición total y absoluta de las agresiones físicas y verbales a los agentes».
En un balance que hace del año 2015, APAM-CLM considera que han sido numerosas las denuncias cursadas por los agentes medioambientales tras haber sido amenazados e insultados verbalmente «únicamente por cumplir con sus obligaciones».
«No se trata de casos aislados –denuncia Aeafma (Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales)-; más de 6.000 policías medioambientales trabajan en todo el territorio español expuestos a ellas».
La organización informa en nota de prensa de que en Castilla-La Mancha se han denunciado amenazas e insultos a través de las redes sociales; e intentos de agresión, insultos y amenazas verbales «simplemente por identificar a grupos de recolectores de setas que tenían antecedentes penales por agresiones y desobediencia a agentes de la autoridad», entre otros casos.
«Pero no sólo los golpes han venido por parte de individuos anónimos. La modificación de la Ley de Montes por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente supuso uno de los golpes más duros que tuvo que afrontar esta profesión que suma 180 años de historia».
Advierten de que los agentes patrullan en solitario, en zonas aisladas y sin ningún tipo de material de autoprotección. «Aquellos que ya han sufrido los insultos y las amenazas de muerte o, incluso las agresiones físicas, deben seguir enfrentándose a ello diariamente o recurrir a una baja médica».
Los actos vandálicos como el incendio de un vehículo oficial en Quirós (Asturias) este mismo año o las pintadas amenazando de muerte a los agentes son puestas en manos de la justicia. «Pero, mientras se persigue a los agresores, hay posibles soluciones encima de la mesa que deberían ser tomadas en serio por el Gobierno», apuntan desde Aeafma.
Las demandas de los agentes pasan por ir en parejas, como hace la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y exigen también que, al igual que al resto de cuerpos de policía, se les facilite el acceso a la licencia de armas tipo A, para que puedan hacer uso de la misma aquellos agentes que voluntariamente lo soliciten para la prestación de determinados servicios conflictivos.
Asimismo, piden la inclusión del cuerpo en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Hay que tener en cuenta que se trata de un gremio muy heterogéneo, puesto que cada comunidad autónoma tiene una realidad y necesidad de protección del medio ambiente distinta, además de una denominación diferente», por lo que también exigen un nombre común: policía medioambiental.