El 18 de junio de 2014 se celebraba una asamblea extraordinaria en la que la dirección de Elcogas comunicó a los trabajadores que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el 16 de junio, había tomado la decisión de encargarle el inicio de las gestiones necesarias para solicitar a las autoridades y organismos reguladores correspondientes el cese de la actividad de la explotación de su central de gasificación de carbón integrada en ciclo combinado y la liquidación ordenada de la sociedad.
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Los trabajadores de Elcogas llevan desde 2014 luchando para evitar el cierre. Foto: José Fernando Buitrón.
Un mazazo para los trabajadores de la empresa, para la ciudad y para la comarca, cuya economía se vería seriamente resentida si se cierra Elcogas.
A partir de ese momento se sucedieron manifestaciones, reuniones, encierros… para evitar que la central instalada en Puertollano (Ciudad Real) cerrase y, con ello, que 145 trabajadores perdieran su empleo (más 130 personas que trabajaban de manera indirecta). En diciembre de 2014 se suspendía el cierre de manera temporal, pero en marzo de 2015 aún existía la posibilidad de que la planta, que lleva 20 años funcionando y es la única en España y en Europa con tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado, pusiese punto y final a su actividad.
ACUDEN A EUROPA, PERO EN AGOSTO LLEGÓ LO QUE TODOS TEMÍAN
Con elecciones autonómicas a la vista, la solución continuaba sin llegar. Incluso los trabajadores decidieron acudir a la Unión Europea para plantear su problema al director general para la Energía de la CE, Dominique Ristori, quien se comprometió a conocer la gestión de este asunto.
En agosto llegó la decisión que todos temían. El Ministerio autorizaba el cierre de la central, que acumulaba unos 190 millones de pérdidas a los que se sumarían los 25 millones que se estimaban para este ejercicio. Una decisión que provocó manifestaciones y declaraciones que iban desde los que pedían que el ministro José Manuel Soria dimitiese hasta los que tachaban (era el caso de la Junta) lo sucedido de «venganza política» y los que pedían (así lo hacían desde el PP) al presidente Emiliano García-Page que usase los presupuestos para mantener la planta. Además, la empresa suspendía los contratos con las empresas auxiliares.
Un día antes del plazo fijado para su desconexión llegó la prórroga de tres meses por parte de Industria. Los trabajadores se agarraban a la posibilidad de que la planta se acogiese al Régimen Retributivo Específico, para lo que la empresa debía presentar un plan de viabilidad antes del 17 de diciembre.
La última palabra la tiene el Ministerio de Industria, que tendrá que dar a conocer su decisión antes del 31 de enero de 2016.