La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha presentado hoy un nuevo escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que argumenta que «más de dos tercios de las adjudicaciones de Enresa en el Almacén Temporal Centralizado (ATC) fueron a la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal», expresidenta de Castilla-La Mancha y actual presidenta del PP regional.
En un comunicado, la Plataforma afirma que no se va a dejar intimidar «por las amenazas del presidente de la Diputación de Cuenca (el «popular» Benjamín Prieto)» y que por ello ha presentado el citado escrito.
Esgrimen que desde la entrada de Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, en Iberinco, ésta empresa «directamente o a través de empresas participadas, recibió adjudicaciones, en cinco contratos, por valor de 36,9 millones, sobre un total de 54 millones en adjudicaciones de Enresa relacionadas con el ATC. Es decir, más de dos tercios de las citadas adjudicaciones».
En todos los casos «se trata de UTE (unión temporal de empresas) en las que participa Iberinco, o bien empresas como Ghesa o Empresarios Agrupados, en las que Iberinco tiene una importante participación accionarial».
La Plataforma ha presentado, junto a la denuncia, 18 documentos en los que se pone de manifiesto «la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de López del Hierro en Iberinco. Ambos en mayo de 2012″.
Recuerdan que Gil-Ortega dimitió en febrero de 2015, cuando estaba a punto de adjudicar la obra civil principal, «con un valor de licitación de 217 millones y que actualmente se encuentra pendiente de adjudicación. El Ministerio de Industria desautorizó a Gil-Ortega por las prisas de adjudicar la obra principal sin tener ninguno de los permisos perceptivos y en especial el dictamen del CSN».
También han entregado más de 1.600 firmas pidiendo al ministro de Industria, José Manuel Soria, «que deje de derrochar dinero público en un ATC bloqueado e innecesario. Puesto que ya existen o existirán en breve almacenes en las centrales nucleares; los terrenos no válidos y tras el inicio de procedimiento de protección en la zona no existe posibilidad legal de continuar con el proyecto».