Más de veinte personas han sido detenidas en la operación policial de ámbito nacional, que se ha desarrollado en seis comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios que coordina un juzgado valenciano.
Entre los detenidos hay un exalto cargo del Gobierno valenciano cuya identidad no ha sido revelada.
El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, en las que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el transcurso del mismo ha resultado detenido también un alto cargo de la Generalitat de Cataluña, y ninguno de los apresados ha pasado a disposición judicial.
Esta operación se enmarca en el proceso abierto por un presunto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.
En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otros, Serafín Castellano por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como conseller de Justicia de la Generalitat durante el mandato del PP.
El Cuerpo Nacional de Policía ha practicado 20 registros en empresas y viviendas y la causa, que se ha decretado secreta, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
Algunos de los registros se han producido en las sedes de bomberos de la Comunitat Valenciana o Cataluña, han informado fuentes cercanas al caso.
Los registros han sido desarrollados por agentes de paisano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Los contratos sospechosos se habrían firmado con la empresa valenciana Avialsa, que ya fue objeto de una investigación por parte de un juzgado de Sagunto.
En Cataluña, los agentes han registrado el edificio de los bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los bomberos en Bellaterra.