La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reducido en 2.600 expedientes la lista de espera en dependencia en seis meses, un tiempo en el que la región cuenta con 2.100 beneficiarios más de prestaciones, hasta los 36.796, que reciben 48.863 ayudas.
Estos datos los ha aportado la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, en una entrevista concedida a la Agencia Efe, en la que afirma que, cuando tomó posesión del cargo, la situación del sistema de dependencia era «alarmante» y los profesionales del sector «transmitían la sensación de haber pasado un momento de soledad, hasta de tristeza», que asegura que se ha convertido en «expectativas positivas y de ilusión».
Para ilustrar esta afirmación, sostiene que, hace seis meses la lista de espera era de 26.000 expedientes, mientras que a día de hoy se ha reducido en 2.600, con 2.100 beneficiarios más de prestaciones.
De hecho, según los datos a 31 de diciembre de 2015, en Castilla-La Mancha hay 84.774 solicitudes de dependencia activas y 4.501 solicitudes pendientes de valorar, al tiempo que existen 24.305 expedientes pendientes de Programa Individual de Atención (PIA), de los cuales 4.740 son personas con gran dependencia (grado III) o dependencia severa (grado II), y el resto son personas con dependencia moderada (grado I).
Además, en la región un total de 36.796 personas son beneficiarios de algún tipo de prestación por dependencia y reciben un total de 48.863 ayudas, como la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (15.565); atención residencial (10.493); ayuda a domicilio (8.163) o teleasistencia (5.217).
«Los datos son positivos, estamos consiguiendo mejorar el sistema de dependencia», defiende Sánchez, que afirma que Castilla-La Mancha fue «pionero desde su creación en 2007 y entonces, el Observatorio de la Dependencia nos daba un notable, pero cuando llegamos (hace seis meses) el sistema de dependencia había suspendido y eso no lo podemos permitir».
Por ello, insiste en que el Gobierno regional quiere «mejorar el sistema, sobre todo para dar mejor asistencia a la gente».
Para lograrlo, explica Sánchez, la Consejería de Bienestar Social puso en marcha en julio de 2015 un plan de mejora del sistema de dependencia que tenía «muchos ejes», el primero de todos «dar seguridad legal al sistema de dependencia», pues apunta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la orden sobre el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema de dependencia.
Además, añade que «se incrementaron todos los recursos humanos en todas las direcciones provinciales» para poder tramitar los expedientes pendientes, se «propuso la eliminación de tasas» y se «involucró y comprometió a todos los funcionarios».
Recuerda, asimismo, que el 1 de julio, pasarán a ser beneficiarios del sistema de dependencia los dependientes moderados, a quienes «hay que valorar, tramitar el expediente y dar una prestación», que según calcula, en muchos casos será ayuda a domicilio, teleasistencia o tratamientos ambulatorios.
«Estamos trabajando muy duro en esta Consejería y poniendo mucho corazón», afirma la consejera, que también felicita a la Plataforma en Defensa de la Dependencia en Castilla-La Mancha, que «ha hecho un trabajo muy importante en estos cuatro años».
Otro ámbito de la Consejería de Bienestar Social en el que también se plantea introducir novedades es en la discapacidad, toda vez que en la región hay 130.000 personas con un grado de discapacidad del 33 por ciento o superior.
Sánchez adelanta que, a lo largo de 2016, el departamento que dirige pondrá en marcha un sistema de protección y tutela garantizada de las personas con discapacidad, que consiste, en primer lugar, en informar a la familia de la persona con discapacidad de qué ocurrirá con su familiar en caso de que ellos no estén.
La propuesta de gestión de una tutela jurídica será el segundo punto de este sistema de protección, que incluye como tercer aspecto la garantía de que la persona con discapacidad tendrá asegurado un recurso residencial cuando lo necesite y la familia no lo puede cuidar.
«Eso es muy importante y es una novedad», destaca Sánchez, pues señala que una de las principales preocupaciones de las familias cuyo uno de sus miembros tiene una discapacidad es saber qué ocurrirá con estas personas si no lo pueden cuidar.
De hecho, apunta que, con anterioridad, las personas con discapacidad no sobrevivían a sus padres, mientras que en la actualidad se da un aumento de la esperanza de vida de estas personas, por lo que el objetivo del Gobierno regional es «mejorar el sistema de atención a las personas con discapacidad para tranquilizar a las familias».
232 FAMILIAS SOLICITAN AYUDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Un total de 232 familias de Castilla-La Mancha han solicitado desde el pasado 1 de enero la ayuda de 150 euros en pago único contra la pobreza energética, según Aurelia Sánchez.
Del total de solicitudes, 56 corresponden a la provincia de Toledo, 52 a la de Guadalajara, 39 a la de Cuenca, 13 a la de Ciudad Real y 72 a la de Albacete.
«Ahora mismo se han resuelto 103», señala la consejera, quien felicita por ello a los empleados públicos de la Junta y a la entidad Cruz Roja, a la que la Junta le ha encargado el pago de las ayudas, «por la agilidad de la tramitación».
Explica que, además de las ayudas que pueden llegar hasta a 10.000 familias, el plan regional contra la pobreza energética incluye la firma de convenios de colaboración con las principales empresas energéticas de Castilla-La Mancha, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, para evitar el corte de suministro a las familias más necesitadas durante los meses de invierno.
Por otra parte, la consejera apunta que el objetivo en 2016 es que las Ayudas de Emergencia Social lleguen a más de 6.000 castellano-manchegos, 500 más que el pasado año, mientras que espera que el Ingreso Mínimo de Solidaridad llegue a las 4.000 prestaciones este año, unas mil más que en 2015, para lo que estas partidas se han incrementado de 12 a 15 millones de euros.
Preguntada por las «becas mamá», Sánchez responde que «había una línea de apoyo a la maternidad que se puso en marcha en 2015 exclusivamente».
«Comenzó en enero y cuando el nuevo Gobierno regional llegó en julio, prácticamente, estaban sin resolverse desde febrero, se estaban atendiendo las solicitudes de febrero», apunta.
En el mes de enero de este año, continúa la consejera, el Gobierno regional se encuentra «en un momento de reflexión sobre ese modelo de ayudas a la maternidad» porque, a su juicio, «es muy parcial».
Así, adelanta que lo que «se va a tender es a hacer de verdad un plan integral de apoyo a la familia, no solamente a la maternidad, sino también a la parentalidad».
Para Sánchez, «no solamente hay que apoyar económicamente a las familias que lo necesiten, que por supuesto que sí, sino que desde luego hay que apoyar a una crianza positiva, parentalidad positiva para prevenir posibles problemas de relación entre hijos y padres, posibles situaciones de maltrato, de negligencia de menores».
«Intentar mejorar las relaciones familiares, entendiendo familia en el amplio sentido de la palabra, entendemos como familia no la familia clásica, sino cualquier conjunto de personas que tengan una relación afectiva y que puedan convivir bajo el mismo techo y que puedan formar una familia, tenemos que apoyar esas unidades familiares», afirma.
Sánchez señala que se trata de algo en lo que la Dirección General de Familias y Menores está trabajando durante este mes para «mejorar, desde luego, la atención a la maternidad, paternidad, conciliación, parentalidad», es decir, «toda la terminología que tiene que ver con la mejora de relaciones familiares y la prevención de los conflictos paterno-filiales de todo tipo».