El Ayuntamiento de Cuenca ha estimado el recurso de reposición de Raquel Iniesta, la activista multada con 3.000 euros tras una concentración el pasado mes de junio, y decretado el sobreseimiento del expediente sancionador, que queda «sin efecto».
Iniesta fue multada por haber solicitado la autorización para una concentración por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, en el transcurso de la cual alguien colocó pegatinas sobre señales de tráfico.
El Ayuntamiento ha defendido que no existen dudas sobre la existencia de la infracción y que «el expediente sancionador ha sido correctamente tramitado», pero considera que la responsabilidad debería recaer directamente en el autor de la infracción, «que no ha podido ser identificado, no pudiendo aplicarse la analogía por tratarse de un régimen sancionador específico».
En declaraciones a EFE, Iniesta ha lamentado no tener aún ninguna notificación del Ayuntamiento sobre su caso y ha asegurado que se ha enterado del sobreseimiento por la prensa, lo que considera una falta de «sensibilidad» del consistorio conquense.
Ha reconocido que se «alegra» de que hayan retirado la multa, porque era tan cuantiosa que le tenía «muy preocupada», pero no entiende que el Ayuntamiento siga pensando «que tienen razón en todo y, sin embargo, se echan para atrás: esto demuestra que teníamos razón, que a lo que iban era a asustarnos, y como no lo han conseguido, han reculado».
Desde que el pasado mes de julio recibió la sanción, Iniesta ha presentado alegaciones y el mencionado recurso de reposición, además de iniciar en los primeros días de enero una campaña en la plataforma de peticiones change.org, que ya había recogido 1.200 firmas, pidiendo que se retirase la denuncia porque estaba basada en acusaciones «falsas».
Muchos colectivos, como sindicatos o partidos políticos, se han movilizado en contra de la sanción y han acusado en los últimos días al Ayuntamiento de Cuenca de usar la sanción para «reprimir» las protestas ciudadanas.
En este sentido, Iniesta ha agradecido la movilización de los colectivos sociales que ha permitido suspender el proceso sancionador y se ha mostrado convencida de que «lo que molestó fue que nos concentrásemos por los centros de internamiento de extranjeros», ha concluido.