Castilla-La Mancha se sitúa como la séptima región en cuanto a valoración de los servicios sociales (4,09), según el índice elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La mejor comunidad es el País Vasco (8,05) y la peor la Comunidad Valenciana (1,05).
El índice DEC 2015 (Desarrollo de los Servicios Sociales), presentado hoy, valora 30 indicadores, como la cobertura de servicios, el gasto por habitante y los derechos que reconoce cada comunidad autónoma en el Sistema Público de Servicios Sociales. Este año obtiene una puntuación media de 4,54 (sobre 10), es decir, que no llega al aprobado.
El informe, que cada año se revisa -en 2014 tuvo una nota de 4,71-, destaca que «las diferencias interterritoriales no se han reducido sino que siguen siendo extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios». Así, hay un profesional en los servicios sociales municipales por cada 1.325 habitantes en el País Vasco, mientras que en La Rioja es cada 8.956 habitantes.
El índice, que se realiza con datos oficiales, destaca que -a pesar del «ligero incremento del gasto» a partir de 2014, de un 0,6 por 100- no se puede constatar si se ha reflejado en las prestaciones y servicios. «Los efectos de los recortes se verán durante varios años», ha advertido el coordinador del informe, Gustavo García, quien ha reclamado recuperar al menos los niveles de inversión de 2009.
Según esta organización, los servicios sociales han sufrido desde 2011 un recorte acumulado desde la administración central de 2.200 millones de euros, de las comunidades de más de 5.000 millones y de los ayuntamientos superior a 1.000 millones de euros. El informe señala que en 2015 aumentó el gasto por habitante y año en 14 de las 17 comunidades, las excepciones fueron Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía. Aunque, según las directoras y gerentes de los servicios sociales, el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor esfuerzo económico, sino que las regiones más descentralizadas y por tanto con mayor protagonismo local son las más eficientes.
Destaca algunas diferencias, como que el País Vasco (con 611 euros) invirtió el triple por habitante que la Comunidad Valenciana (204 euros). Respecto a la dependencia, en Andalucía el 10,65 por 100 de la población dependiente recibe atenciones del sistema público y en Canarias, el 3,62 por 100. También hay disparidad en relación con la Renta Mínima de Inserción, que en Asturias supone un 17,9 de la renta media por hogar en esa comunidad y en Valencia supone un 6,7 por 100. La Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales va a trasladar el informe a los grupos políticos, a las comunidades autónomas y a las instituciones académicas «para que lo utilicen en sus investigaciones», ha explicado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. «Se da una enorme brecha entre territorios y es necesario que se garantice la igualdad entre los ciudadanos, por lo que hay que recuperar el gasto y acordar un Pacto de Estado en materia de dependencia», ha reclamado. Además, el índice refleja que «hay comunidades con leyes magníficas, pero con prestaciones y servicios mínimos», como Cataluña, mientras que otras regiones tienen «una oferta adecuada», como Madrid o Navarra, pero no la recoge en leyes, por lo que puede modificarla en cualquier momento.
Desde que se elabora el Índice DEC, hace cuatro años, Castilla-La Mancha es la que más ha empeorado, ha destacado el coordinador, ya que ha pasado de tener un notable a suspender, y le siguen Aragón y Cataluña.