La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec han dado por terminada la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo, que finalmente ha afectado a 555 trabajadores, lo que representa una reducción del 58 por 100 de los 1.336 despidos autorizados por la sentencia del Tribunal Supremo.
En un comunicado, Tragsa ha explicado que la decisión se produce al «haberse registrado una mejora en la actividad a finales de 2015» y que los 555 trabajadores despedidos suponen el 5 por 100 de la plantilla total, integrada por 10.800 trabajadores.
La empresa pública ha recordado que «la drástica caída de producción e ingresos del grupo en más de un 60 por 100 desde 2009, cuya consecuencia fue un resultado de explotación negativo acumulado de más de 70 millones de euros en 2013 y 2014, hizo necesaria en febrero 2013 la puesta en marcha de un Plan de Transformación Global para superar la situación económica y garantizar su futuro.
Además de las medidas de carácter laboral, el grupo ha subrayado que propuso otras actuaciones que se pusieron en marcha, como la reducción y simplificación de la estructura organizativa, al pasar de 17 delegaciones autonómicas a 5 territoriales.
También planteó una rebaja del número de puestos de dirección y de especial responsabilidad, y de sus costes asociados, en un 25 por 100, y entre 2011 y 2015 la reducción de un 40 por 100 de los incentivos variables vinculados a objetivos del personal de dirección, gestión y mandos intermedios.
A ello se suma la disminución en más de un 12 por 100 de los gastos fijos en inmuebles y vehículos, un impulso de la acción comercial y una orientación a la eficiencia a través de la racionalización y contención de los gastos operativos.
El grupo ha destacado que, una vez finalizado el ERE, «afrontará su futuro en las mejores condiciones para el cumplimiento de su compromiso de garantía profesional y servicio público».
Por su parte, fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han valorado en declaraciones a Efe la decisión de Tragsa, si bien han avanzado que continuarán trabajando por la reincorporación de los trabajadores cuyo despido califica de «injusto».
CCOO de Castilla-La Mancha ha afirmado que mantendrá las movilizaciones previstas en Tragsa, a pesar de que la dirección de la empresa ha comunicado la paralización del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), para exigir la readmisión de los trabajadores que ya han sido despedidos.
En un comunicado, el secretario de Organización de CCOO-Construcción y Servicios de Castilla-La Mancha, Alejandro Jiménez, ha comentado el anuncio que ha realizado la empresa pública Tragsa, que ha dado por terminada la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo, que finalmente ha afectado a 555 trabajadores en todo el país, 63 de ellos en Castilla-La Mancha.
«Tragsa paraliza el ERE ante la presión de los trabajadores y sus sindicatos. Pero no nos conformamos, mantendremos las movilizaciones para exigir la readmisión de los trabajadores que ya han sido despedidos y la negociación de un plan de viabilidad con despidos cero», ha afirmado Jiménez.