La Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha ha enviado un comunicado de prensa donde desmienten parte de los datos ofrecidos en relación a la situación de la dependencia en la región.
Desde la Plataforma destacan en primer lugar que haya más de 2.000 dependientes más atendidos que en la anterior legisltaura, aunque recuerdan que «tenemos todavía a 26.517 personas con derecho reconocido que aún no reciben servicio», lo que conocemos como «limbo de la dependencia».
Sobre las prestaciones de cuidados en el entorno familiar discrepan totalmente. «Los dependientes que tenían esta prestación al inicio de esta legislatura eran 17.008, y en estos momentos son 15.565, por lo que la reducción ha sido de 1.443 y no de 753 como ella dijo, casi el doble».
Por otra parte, observan que «no se ha concedido ni una sola prestación de este tipo en el transcurso de estos seis meses de legislatura» y destacan que esto ha sido reconocido con datos por la propia consejera.
Consideran que «el actual Ejecutivo sigue llevando a cabo con esta prestación la misma táctica destructiva que el anterior Gobierno del Partido Popular» y recuerdan que «fue nuestra plataforma quien llevó ante el Tribunal Superior de Justicia la anterior Orden de Dependencia, siendo declarada nula de pleno derecho y condenando en costas al anterior Ejecutivo, ilegalidad que obliga a reparar a miles de dependientes afectados y, de momento, no se han puesto a ello».
LA NUEVA ORDEN DE DEPENDENCIA
Con respecto a la nueva orden de dependencia, la Plataforma considera «insuficientes» las incompatibilidades eliminadas, ya que «éstas se reducen a la ayuda a domicilio y a la atención residencial por descanso o formación del cuidador. No entendemos que un niño gran dependiente que reciba una prestación de cuidados en el entorno familiar no pueda optar a una prestación vinculada al servicio, por ejemplo, para recibir terapias».
Además, destacan que tampoco les gusta «el que no se haya eliminado la excepcionalidad de esta prestación económica, ya que creemos que debe ser considerada como una prestación más dentro de la cartera de servicios».
Recuerdan que «la consejera se comprometió con nosotros, y públicamente, a considerar como excepcional el caso de los menores y las personas en situación de dependencia que viven en zona rurales, pero lo cierto es que no aparece recogido en la orden aprobada. Lo escrito -concluyen- es lo que queda, y las palabras al final se las lleva el viento».