La Audiencia Nacional comenzará este martes el juicio contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y su ex director general Ildefonso Ortega por una presunta maniobra contable con las que ocultaron las millonarias pérdidas de la entidad del ejercicio 2008.
Ambos se enfrentan a una condena de dos años y medio de prisión y a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía viera indicios de un delito societario en una maniobra que les ayudó a anunciar un beneficio de 30 millones de euros en lugar de unas pérdidas de 182 millones que arrastraba la antigua caja.
Sin embargo, Anticorrupción no consideró los indicios de administración desleal como sí señaló en su auto el antiguo titular del juzgado central de Instrucción número 5 Pablo Ruz.
Caja Castilla La Mancha fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
Según el juez instructor, CCM concedió préstamos «sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora».
De ello ya había advertido el Banco de España en su informe pericial, en el que encontró «actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil».
Todo ello «supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos fueron total o parcialmente impagados y las garantías resultaron insuficientes para su recuperación», siendo además «muy significativo» que muchos se concedieron cuando la caja «atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez».
La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera intervenida y posteriormente absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.
En enero de 2015, Ruz procedió al embargo de los bienes de Hernández Moltó y Ortega, tras no abonar la fianza civil de 138,2 millones de euros por el agujero causado en la entidad.