Las Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha han rechazado hoy que el Gobierno regional haya congelado en 2016 el presupuesto dirigido a la educación concertada, una medida que a su parecer «penaliza» a las familias que optan por este tipo de educación.
En un comunicado, este colectivo ha calificado de «incomprensible» el anuncio que ayer realizó el Gobierno regional durante la presentación del presupuesto y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que «uno de los pilares fundamentales del pacto de gobernabilidad que sostiene al PSOE al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha» sea la congelación de la financiación a la educación concertada.
También han rechazado que este anuncio «huérfano de toda explicación» haya coincidido con el perÍodo de admisión de alumnos.
«La concertada no es el enemigo a batir», ha defendido este colectivo, que ha resaltado, asimismo, que «los conciertos distan mucho de financiar el coste real de la enseñanza, cuyo déficit se enjuga, día a día, con la profesionalidad y el esfuerzo del profesorado y del resto del personal» que trabaja en estos colegios.
Para las escuelas católicas, la congelación del presupuesto para la educación concertada supone una vulneración de «los derechos de unos a favor de otros», pues ha criticado que, por un lado, no respeta el derecho de las familias que han decidido optar por esta modalidad de educación.
Por otro lado, las escuelas católicas creen que no se respetan los derechos porque la congelación del presupuesto se hace «a costa de los trabajadores, profesores, personal de administración y servicios y a costa de las titularidades que trabajan y sirven la sociedad desde hace muchos años, algunas de ellas son centenarias, en definitiva a costa de los centros concertados».
Asimismo, las escuelas católicas han puesto en duda que «los alumnos de la escuela pública hayan visto mermados sus derechos por la financiación de la enseñanza concertada» y ha citado casos como el Plan de mejora de la ESO, «del que la concertada nunca percibió un céntimo», o las políticas de inmersión lingüística de las que, según sostienen, participan los centros concertados con la premisa de que sean a coste cero para la Administración.
«La escuela concertada, desde sus distintos carismas e idearios, seguirá abierta a todos, ofreciendo la formación integral, innovadora y crítica que ha permitido su reconocimiento por la comunidad educativa y por tantas generaciones que hoy atestiguan su labor y su incuestionable compromiso con el progreso», ha apostillado el colectivo, que pide un pacto educativo que «incluya a todos y no vete a nadie».
Por su parte, la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa) de Castilla-La Mancha ha considerado en un comunicado que esta medida «pretende avivar en la sociedad el odio hacia la educación concertada por su carácter confesional, en la gran mayoría de los casos».
También advierte que va a enfrentar a familias y a alumnos «ante dos modelos distintos educativos que se complementan perfectamente y pueden coexistir y que han coexistido hasta el momento sin ningún problema».
La Concapa entiende asimismo que «se vulnera el artículo 27 de la Constitución, pues deja a familias sin posibilidad de poder elegir el centro educativo que más se adapte a sus convicciones».
Además, recuerda que «toda la educación sostenida con fondos públicos, tanto la dependiente de la Junta de Comunidades como la originada por la iniciativa social, se financia con nuestros impuestos» y al respecto, asegura que las plazas de centros concertados le cuestan a la administración la mitad que las de centros públicos.