El exvicepresidente primero de Caja Castilla La Mancha (CCM) Federico Rodríguez Morata ha dicho que «no había ninguna razón técnica ni objetiva» por la que oponerse a aprobar las cuentas de la entidad, cuya viabilidad se había puesto en duda «de no haber intervenido» el Banco de España en marzo de 2009.
Ante el juzgado central de lo penal, Rodríguez Morata ha asegurado que le «duele en el alma» la situación en que se sumió a CCM tras la publicación de los estados provisionales del 2008, y evitando «palabras gruesas» ha asegurado que las cuentas «iban a ser formuladas» en el primer trimestre de 2009 porque «no existían argumentos» para votar en contra.
Sobre la concesión de créditos «de muy alto riesgo», Rodríguez Morata ha insistido en que, de producirse alguna objeción o duda sobre aspectos relevantes, era el presidente quien «sugería» que se frenase la operación con el fin de «evaluarla detenidamente».
Como ya hicieran exdirectivos de la entidad en la sesión anterior, Rodríguez Morata ha defendido que el entonces presidente de CCM, Hernández Moltó, «nunca se extralimitó de sus funciones» de presidente no ejecutivo, y que de haberlo notado «lo hubiera corregido».
«El presidente cobraba el mismo salario que un subdirector de área, 165.000 euros brutos al año sin posibilidad de dietas», y ha añadido que «lo demás son especulaciones y comentarios».
En la misma línea se ha pronunciado el expresidente de la caja hasta 1998, Tomás Martín Peñato Alonso, que ha señalado que la intención del Consejo «fue siempre» adoptar los requerimientos del Banco de España.
LA SALVACIÓN Y LA FUSIÓN CON UNICAJA
Peñato cree que la caja podría haberse salvado si se hubiera llevado a cabo la fusión con Unicaja, una operación que habría fracasado por las informaciones sobre el agujero patrimonial en CCM.
También ha comparecido hoy el administrador de una de las sociedades beneficiarias de los préstamos de CCM, Solventia Corporativa, Ignacio Barco Fernández, quien ha dicho que 47 de los 50,1 millones concedidos por la caja en 2008 fueron destinados a la refinanciación de antiguos créditos, con el fin de adaptar a las sociedades cabeceras del grupo a las nuevas exigencias del mercado.
Barco ha afirmado que él y su hermano Antonio, ambos en situación de concurso de acreedores personal, ofrecieron a la caja la posible salida a bolsa de Renovalia como garantía complementaria, una cotización que finalmente no se produjo, al estar las expectativas «por debajo del mercado».
Mañana continuará el juicio contra Hernández Moltó y el exdirector general de CCM, Ildefonso Ortega, para quienes la Fiscalía pide dos años y medio de prisión e inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena por presunto delito societario.