El abogado Eduardo Ranz presentará mañana jueves dos denuncias contra los alcaldes de Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), como presuntos autores de un delito de incitación al odio por vulnerar la Ley de Memoria Histórica al mantener el nombre de sus municipios.
Ranz ha explicado hoy que la denuncia será presentada en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas de Madrid, desde donde se enviarán a los juzgados a los que competa su tramitación en Talavera de la Reina (Toledo) y en Manzanares (Ciudad Real).
Asimismo, ha indicado que la misma denuncia se pondrá a los regidores de otras nueve localidades de Castilla y León, Extremadura y Andalucía.
En el caso de Castilla-La Mancha la denuncia va dirigida contra la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Rivelles López, y contra el alcalde de Llanos del Caudillo, Andrés Antonio Arroyo Valverde, ambos del PP, ha apuntado Ranz.
El letrado ha indicado que se trata de 11 entidades territoriales cuya denominación mantiene una mención al dictador «y otros protagonistas de la dictadura», lo que supone una vulneración de la Ley de Memoria Histórica en su artículo 15.
Dicho artículo establece: «Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
Ranz considera que «no existe mayor exaltación de la guerra civil y dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes de la guerra civil, en el apellido del pueblo, y por tanto, no existe mayor incumplimiento de la norma».
Igualmente, entiende que desde un punto de vista de punibilidad, el mantenimiento de estos nombres pueden ser constitutivos de un delito de incitación al odio, recogido en el artículo 510.1 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
ESCRIBIRÁ A LAS DIPUTACIONES PARA QUE LES RETIREN LAS SUBVENCIONES
Además de presentar esta denuncia contra ocho alcaldes (ya que tres de las localidades son pedanías de Málaga, Córdoba y Sevilla), Ranz va a enviar un escrito a las diputaciones provinciales para que les retiren las subvenciones en cumplimiento de lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Memoria Histórica.
Este escrito será enviado a las diputaciones de Toledo y de Ciudad Real, ha apuntado el abogado, que también ha anunciado que se presentarán derechos de petición ante los propios ayuntamientos afectados para demandarles que cumplan la Ley de Memoria Histórica y «redefinan al pueblo».
Esta misma petición se presentará también mañana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que Ranz solicitará que retire a estos municipios las subvenciones o ayudas públicas, en su caso, y que se proceda a suspenderles los derechos y sus de pertenencia a este organismo.