Un juzgado de Ciudad Real ha dictado una sentencia que estima el recurso que habían interpuesto los padres de una niña, con diversidad funcional, por el que solicitaban la inclusión de la misma en un colegio ordinario con los correspondientes apoyos educativos.
La Asociación Para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social (Solcom) ha mostrado hoy su satisfacción por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Ciudad Real que declara la nulidad de una resolución administrativa de la Junta de Castilla-La Mancha y declara el derecho de la menor «a una educación inclusiva en el sistema educativo ordinario».
En un comunicado de prensa, Solcom ha señalado que esperan que a raíz de esta sentencia la Administración acate la resolución y restituya la situación de la niña para que pueda volver al colegio con sus compañeros a la mayor brevedad posible.
En opinión del abogado de Solcom y de la familia en esta causa, Juan Rodríguez Zapatero, «en España, formalmente, todos los textos legales reconocen el derecho a una educación inclusiva», pero sin embargo, ha reconocido, «la realidad, en muchas ocasiones, dista de este reconocimiento formal».
En este sentido, ha señalado que «se producen situaciones como las que describe la sentencia, de niños que en el ejercicio del derecho a la educación resultan discriminados y marginados en razón a su discapacidad o diversidad funcional».
Según el abogado, la menor, que tiene hoy 12 años, estaba escolarizada desde los cuatro años en un Colegio Público de la localidad de Miguelturra (Ciudad Real).
El Colegio Público cuenta con medios y recursos suficientes, sin embargo la intervención educativa fue contraria a la educación inclusiva, ya que la niña progresivamente pasaba la mayor parte del tiempo en un aula de apoyo y se la aislaba del contacto del resto de compañeros en el aula ordinaria.
Además, varios padres de los compañeros de la niña presionaron con quejas y amenazas para que saliera del centro educativo.
Finalmente, en julio del pasado año, la Comisión de Escolarización de la Consejería de Educación decidió que la menor fuese a un centro de educación especial.
A raíz de estos hechos ocurridos en marzo del pasado año, esta familia se puso en contacto con Solman para gestionar el derecho de su hija a permanecer en un colegio ordinario.
Solcom apoyó a la familia ya que entendió desde el primer momento que la resolución de la Comisión de Escolarización de la Dirección Provincial de Educación de Ciudad Real constituía una clara acción «discriminatoria y segregadora» hacia la niña y que el colegio contaba con todo los recursos para hacer efectiva su inclusión en el sistema educativo ordinario.
Por tanto, ha apuntado el abogado, «una correcta intervención, debería haber evitado un dictamen excluyente» y, por ello, ha insistido en que esta sentencia es un paso más, junto a otras que se vienen produciendo, en el camino de lograr la inclusión educativa en favor de la dignidad y la igualdad de todas las personas.