El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha tachado hoy como una «filtración interesada del Gobierno de Page para ocultar otras cosas» que esté diciendo que el Gobierno central va a recurrir ante el Constitucional la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos de la región.
Según ha afirmado esta mañana en una rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el Gobierno de España ha iniciado el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción de la jornada semanal de los empleados públicos de Castilla-La Mancha de 37,5 a 35 horas semanales, como se aprobó por ley el 2 de diciembre en las Cortes regionales.
A este respecto, Gregorio ha manifestado que «lo que el Estado ha pedido es una reunión de la comisión mixta, como se pide en otras comunidades, en la que se va ha hablar de muchas cosas y nadie ha hablado de que se vayan a recurrir las 35 horas», ha subrayado Gregorio a preguntas de los periodistas sobre este asunto en una comparecencia esta mañana en Toledo.
Dicho esto, el delegado del Gobierno ha indicado que, en esa comisión bilateral, «se van a estudiar muchas propuestas que se pondrán sobre la mesa» y las dos partes implicadas (Estado y comunidad autónoma) «comentarán y hablarán y cada uno expondrá lo que tenga que exponer».
Pero «nadie ha dicho -ha reiterado- que se vaya a recurrir en estos momentos las 35 horas; es más, en esa mesa también se puede hablar del déficit al que la unión PSOE-Podemos está metiendo a nuestra región y que va a originar que se suban los impuestos por parte del señor Page», ha aseverado.
Y ha insistido en que él no sabe «si se va a recurrir, seguramente ni se recurra en este momento», ha dicho Gregorio, para concluir que «lo que no se puede hacer es poner el dolor antes que la enfermedad para hacer daño».
SEIS MESES PARA NEGOCIAR
El Gobierno central y el de Castilla-La Mancha cuentan con un período de seis meses para negociar la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos de la Junta de Comunidades, una medida que, según el Ejecutivo central, contraviene la norma estatal.
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han confirmado a Efe que este departamento solicitó el viernes 12 de febrero la apertura de un período de negociación, al que el Gobierno de Castilla-La Mancha contestó de manera positiva el mismo viernes.
Por lo tanto, una vez que se ha obtenido una respuesta, comienza el plazo de seis meses en el que el Ejecutivo central y autonómico deberán abordar la cuestión.
El Ejecutivo central considera que la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la posibilidad de que los empleados públicos puedan continuar en su puesto de trabajo más allá de los 65 años contraviene la normativa estatal.
Este asunto lo abordarán la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y el Gobierno de Castilla-La Mancha y, en caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno central podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad a la medida, en el que incluso podría solicitarse, como medida cautelar, la suspensión de la jornada laboral de 35 horas semanales.