La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa) de Castilla-La Mancha subraya que más de 42.000 alumnos, y sus familias, han elegido un centro educativo concertado en la región, y pide una reunión con el presidente autonómico ante la «tormenta política» abierta en el sector.
En un comunicado, el presidente de la Concapa, Pedro José Caballero, se ha referido a la congelación del presupuesto para la educación concertada en el presupuesto autonómico de este año y al compromiso del PSOE con Podemos para reducir progresivamente la financiación a este tipo de enseñanza.
Caballero solicita que «de una vez por todas» se cuente con la opinión de un colectivo que representa en Castilla-La Mancha a más de 42.000 alumnos y sus familias y representa algo más del 16 por 100 del sistema educativo castellanomanchego.
Así, la Concapa pide reunirse con el presidente regional, Emiliano García-Page, dada la «incertidumbre» creada en las familias que apuestan por «una determinada» opción educativa para que informe de los acuerdos alcanzados con Podemos y abrir un camino de diálogo «que hasta este mismo momento no existe y que, en realidad, nunca se tendría que haber perdido».
Esta organización lamenta la falta de información que tiene para «poder tranquilizar a las familias que, con los acuerdos anunciados, en principio, ven limitados sus derechos reconocidos en la Constitución referentes a la educación de sus hijos».
También pide a la Consejería de Educación que siga apostando por la mesa de los padres, donde las familias de centros sostenidos con fondos públicos, tanto de iniciativa pública como de iniciativa social, proponen a la administración propuestas y mantienen un cauce de comunicación y de participación.
La Concapa, asimismo, subraya que estará «a la altura del momento» y defenderá «con todos los medios a su alcance» la libertad de las familias a poder elegir el centro educativo que más se asemeje a sus convicciones morales «siempre desde el respeto y la tolerancia que tenemos a otras opciones que, aunque no compartamos, sí respetamos».
En este sentido, recalca que el espíritu del artículo 27 de la Constitución Española recoge que toda la educación que sea sostenida con fondos públicos debe considerarse pública por estar financiada con los impuestos de todos y por su forma de sujeción a la legislación del Estado y de las diversas comunidades autónomas.
Esta educación, añade, se imparte a través de dos redes «necesarias y complementarias», una gestionada directamente por las administraciones publicas y otra surgida de la iniciativa social y acogida al sistemas de conciertos.