El borrador de la nueva ley de protección de los animales de Castilla-La Mancha, que actualizará la normativa vigente desde 1990, fija sanciones por cometer infracciones muy graves hasta diez veces superiores que la ley anterior, multas que pueden llegar a 60.000 euros por matar animales.
El borrador, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, ha sido elaborado por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y entregado a los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos, así como a diversas asociaciones para su estudio.
Uno de los aspectos novedosos del texto son las sanciones, ya que las actualmente vigentes aún se cifran en pesetas y son de las más bajas que existen en España, de entre mil pesetas y un millón.
Sin embargo, la propuesta actual aumenta estas cantidades y contempla que las multas por cometer un infracción leve serán de entre 100 y 600 euros; por una grave, de entre 601 y 6.000 euros, y por una muy grave, de entre 6.001 y 60.000 euros.
El texto también incluye nuevas prohibiciones como la organización y participación del tiro al pichón, una práctica que el Gobierno regional propone tipificar como infracción muy grave.
También plantea multiplicar por diez las sanciones más graves, de modo, por ejemplo, que causar la muerte a un animal en la normativa actual conlleva como máximo una multa de un millón de pesetas y en la futura normativa, de 60.000 euros.
Hay otras infracciones cuya tipificación cambia de categoría, pasando de ser leve a ser grave, como no facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades, y también aumenta la edad mínima de las personas a las que se pueden vender o hacer donaciones de animales, pasando de catorce años a dieciséis.
En la exposición de motivos del borrador de la futura ley de bienestar, protección y defensa de los animales de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional señala que su objetivo es conseguir «el famoso sacrificio 0, pero siendo conscientes de que no puede ser utilizado como propaganda y se debe abordar el problema desde un punto de vista técnico, científico y práctico».
Apunta que es necesario abordar problemas como la compra compulsiva de mascotas, la responsabilidad de tenencia de animales, el fomento de las adopciones, la sensibilización sobre la cría indiscriminada de perros y gatos o las actuaciones en áreas rurales para minimizar actuaciones no deseadas.
También plantea estrechar colaboraciones entre ayuntamientos, protectoras, veterinarios, autoridades competentes y fuerzas de seguridad locales, autonómicas y nacionales y, «sobre todo, el pilar principal del abandono 0».
«Una vez conseguido el abandono cero, estaremos en condiciones de asegurar y proclamar abiertamente el sacrificio 0», señala, si bien añade que «los sacrificios de perros y gatos se minimizarán a los urgentemente necesarios y por causas suficientemente detalladas y analizadas».
Por otra parte, se plantea que para asegurar el bienestar de los animales y evitar situaciones de maltrato, el personal que trabaja con éstos debe estar «debidamente formado», para lo que se incorpora la formación del personal que trabaja en centros de acogida, protectoras o de mantenimiento temporal.
Entre las prohibiciones, el texto propuesto contempla, entre otras, causar muerte a los animales, su abandono, el utilizar animales en prácticas sexuales, mantener permanentemente atados a los animales, utilizarles como objetos de embargo, su utilización en peleas organizadas, manipularlos artificialmente para hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta, o exhibirlos en escaparates que estén en vías y accesos públicos.
También se prohíbe la sujeción de animales a vehículos de motor en movimiento, el empleo de animales atados en atracciones mecánicas o realizar actuaciones o prácticas de selección genética de las que se deriven problemas o alteraciones graves en la salud del animal o le cause un sufrimiento innecesario.
Además, el texto recoge que la filmación para el cine, la televisión u otros medios de difusión que reproduzca escenas de maltrato o sufrimiento de animales deberá ser, «en todos los casos, sin excepción», un simulacro que requiera autorización previa de la Administración competente.
Fuentes de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha han indicado a Efe que esta normativa no regulará ni sobre los festejos taurinos ni sobre la actividad cinegética.
El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ya impulsó durante su etapa como director general de la Consejería en 2009 la actualización de la ley de Protección de los Animales Domésticos de 1990, pero el proyecto quedó paralizado en 2011 con la llegada del PP al Gobierno regional.
Con su llegada a la Consejería de Agricultura, de la que es titular, Martínez Arroyo ha retomado la actualización de esta normativa, han indicado las mismas fuentes.