El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha informado de la presentación de un recurso contencioso-administrativo presentado por el PP contra «la denegación por el presidente de la Diputación de una solicitud de información sobre la contratación de personal desde julio a diciembre de 2015».
Se ha preguntado Tizón: «¿Por qué no se facilitan estos contratos?, mucho nos tememos que detrás de la ocultación lo que haya realmente esa una contratación sectaria, partidista, de aquellas personas vinculadas de una u otra manera con el actual equipo de gobierno».
Además, Tizón, ha informado hoy de la presentación de un escrito en la Institución Provincial para preguntar al presidente de la misma, Álvaro Gutiérrez, sobre el Plan de Ejecución de Infraestructuras Municipales y los motivos por los que, desde los servicios de la Diputación, se ha requerido a algunos ayuntamientos «que modificaran su petición inicial por otra en la que se cambiara la cifra en principio solicitada por la finalmente concedida», según el presidente del PP de Toledo.
Tizón, que ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Emilio Bravo, ha destacado que no facilitar esta información a la oposición supone la vulneración de un derecho fundamental de participación política, por lo que se ha decidido pedir amparo a la Justicia, para conseguir esta información necesaria, y a la que el Grupo Popular tiene derecho, para llevar a cabo su labor en la Institución Provincial.
Por otro lado, sobre la denuncia de supuestas irregularidades en el Plan de Inversiones, Tizón ha recordado que «este programa se llevó a cabo a propuesta del Grupo Popular y con el objetivo de invertir en él ese remanente de tesorería que había quedado en la Institución de la anterior legislatura, unos 7 millones de euros, gracias a la buena gestión realizada por el anterior Gobierno del PP».
Sin embargo, ha explicado que la puesta en marcha de este Plan, por parte del actual Equipo de Gobierno Provincial, «ha contado con la disconformidad de muchos ayuntamientos, que han presentado recursos contencioso-administrativos por discriminación e incumplimiento de las bases, que recogían una concurrencia competitiva que no se ha respetado, como tampoco se ha respetado la normativa general en la cual aquellos municipios que, si bien inicialmente no cumplían las exigencias de déficit, si tenían derecho a las subvenciones si disponían de un plan de regularización del mismo».
El presidente del PP de Toledo ha añadido que «lo cierto es que al final a muchos municipios se les ha dejado sin subvención y a otros muchos se les ha dado en función de un criterio político: 25 por ciento a pueblos gobernados por el Partido Popular y 75 por ciento a pueblos con gobiernos relacionados con el actual Equipo de Gobierno de la Diputación, sostenido por un acuerdo tripartito entre PSOE, Ganemos y Ciudadanos».
«SORPRENDENTE»
Tizón ha calificado de «sorprendente, teniendo además en cuenta todas estas circunstancias, que algunos ayuntamientos nos hayan advertido de que desde los servicios de la Diputación se les está llamando para pedirles que cambien su solicitud inicial de petición de una cantidad concreta, por otra solicitud en la que figure la cantidad realmente concedida, poniendo incluso la misma fecha de la primera petición».
«Esto es muy extraño, nos choca esta actitud, y por eso hemos pedido al presidente de la Diputación de Toledo que nos digan si realmente se han hecho esas llamadas y los motivos y justificaciones que tienen esas peticiones de cambio en las cantidades y presentación de una nueva solicitud», ha recalcado Tizón.
En otro orden de cosas, Arturo García-Tizón ha informado hoy de la presentación por parte de este grupo de una petición a la Secretaria General de la Diputación de Toledo de las certificaciones de la presentación de las propuestas de conclusiones de los distintos grupos políticos a la Comisión Especial de Investigación sobre las viviendas de la Calle Cardenal Cisneros, así como copia de dichas propuestas.
Tizón ha explicado que esta petición se hace después de que el pasado 29 de febrero el presidente de la Comisión comunicara al Grupo Popular la previsión de convocar una sesión para el próximo 8 de marzo a las 10 horas, razón por la que se les requería para que, antes de las 12 horas hoy jueves, es decir en un plazo inferior a las 72 horas, hicieran entrega a dicha presidencia de propuestas de conclusiones, a efectos de su deliberación y votación en dicha sesión, con la advertencia de que, en caso de no presentarse en el día y hora citados, se entendería que renuncia a su presentación.
«INDEFENSIÓN»
Asimismo, y según ha informado Tizón, el Grupo Popular va a presentar otro escrito a la Comisión de Investigación en el que se pone de manifiesto que «este proceder, fijando un breve plazo para la presentación de esta propuesta, que contrasta con el tiempo que ha de transcurrir entre la presentación y su debate y votación en la Comisión, y la decisión de entender que su falta en el día y hora fijados dará lugar a que se estime que se renuncia el trámite, son normas y presunciones no fijadas en el acto de creación de esta comisión y por tanto supone una extralimitación de la facultades de presidente y crean indefensión a los integrantes de la misma que son objeto de investigación».
En dicho documento, el Grupo Popular reiterará, «sin que ello suponga la formulación de conclusión alguna y a los solos efectos de dejar constancia expresa de la disconformidad de este Grupo Popular con la creación de esta comisión y de todo lo actuado a lo largo de sus reuniones» que es absolutamente improcedente la creación de la misma por inexistencia de precepto legal habilitante para ello, lo que determina su nulidad radical».
Asimismo, expondrán que «es igualmente improcedente esta Comisión por inexistencia de los presupuestos de hecho que pretende justificar su creación», así como que «en todo caso el acuerdo de su creación está viciado, por omisión de elementos esenciales para ello, tales como falta de motivación, delimitación del objeto a investigar, tiempo de duración de los trabajos, inexistencia de un mínimo procedimiento para la celebración de las comparecencias, etc.; omisiones, todas ellas que además provocan en las personas a la a que afecta la investigación una indefensión contraria a los más elementales principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, según recoge el artículo 9.3 de la Constitución».
Además, en su escrito, los miembros del Grupo Popular en la Comisión de Investigación van a poner de manifiesto que «el fin de esta Comisión ni es investigar nada que pudiera estar oculto, ni producir ningún informe o estudio sobre las viviendas a las que afecta. Tan solo, servirse de la misma para propiciar un juicio político sobre la actuación del equipo de gobierno de la anterior Corporación».
«Lo que me llama la atención es que a nosotros nos pidan un escrito de conclusión antes de 72 horas con la advertencia de que si no se presenta, se renuncia, y que luego el presidente de la Comisión disponga de cinco días. En ningún sitio dice que las conclusiones deben presentarse cinco días antes de las deliberaciones y la conclusión, no es inusual que las conclusiones se presenten en la propia sesión, es lo lógico. Espero que se lo haya pedido a todos los grupos», ha matizado sobre la petición del escrito de conclusiones que la pedido la Comisión.
EL PP PRESENTARÁ UNA MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES
Por último, Tizón ha anunciado hoy que este grupo va a presentar una moción en defensa de las Diputaciones Provinciales en el próximo Pleno de la Institución Provincial, para mostrar su desacuerdo con la propuesta de eliminarlas recogida en el pacto entre PSOE y Ciudadanos firmado a nivel nacional.
Tizón ha explicado que estas mociones se van a presentar por parte del Partido popular en las diputaciones e instituciones locales para mostrar la posición absolutamente en contra del Partido Popular con esta propuesta de PSOE y Ciudadanos de acabar con las diputaciones y en defensa de las mismas.
Para el presidente del PP de Toledo se trata de «una mala iniciativa, que va en contra los pequeños municipios, que ataca al corazón de municipalismo, que deja a los vecinos de las poblaciones pequeñas como ciudadanos de segunda categoría, que provoca la despoblación del medio rural y que impide la prestación de servicios tan necesarios como la pavimentación, el agua potable, el saneamiento o la electrificación».
Por otro lado, ha recordado que llevar a cabo esta propuesta «supondría una modificación de la Constitución Española, que consagra a las provincias y establece que el gobierno estará encomendado las diputaciones». Asimismo, ha advertido que «esta medida afectaría a muchos miles de puestos de trabajo».
Razones todos ellas por las que el PP está totalmente en contra de esta propuesta, según ha recalcado García-Tizón, quien ha asegurado que en el próximo Pleno provincial quienes ahora gobiernan en la Diputación de Toledo tendrán que dejar clara su posición respecto a esa propuesta de eliminar estas instituciones.