La sociedad castellanomanchega ha salido a la calle para posicionarse en contra del preacuerdo de la Unión Europea y Turquía, al considerarlo que es «vergonzoso, ilegal y vulnera la carta internacional de derechos humanos».
CCOO, UGT, USO, PSOE, PODEMOS, IU, CEAR, Accem, el Consejo General de la Abogacía, EAPN, Médicos del Mundo, Congde, MPDL, la Federación de Derechos Humanos, la Asociación de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la Asamblea de Cooperación por la Paz; y en Toledo también lo respaldan Ciudadanos, Grupo Municipal de Ganemos, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, la Federación de Asociaciones de Vecinos, entre otras organizaciones y entidades, se han concentrado en la Plaza de Zocodover para denunciar que «la Unión Europea trata a los refugiados como moneda de cambio con el Gobierno de Turquía».
Además, señalan que con este preacuerdo «el proyecto de construcción europea muestra de nuevo su deterioro con un acuerdo que traslada la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras, abandonando los valores y los principios que configuran Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
El preacuerdo adoptado el 7 de marzo por el Consejo de Europa con Turquía «evidencia la absoluta insensibilidad de la UE y los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados que arriesgan su vida huyendo de la guerra», aseguran.
RESPONSABILIDAD DE RESPONDER A MILES DE REFUGIADOS
La UE, además de incumplir la legalidad internacional, «elude su responsabilidad de dar respuesta a los miles de refugiados que se agolpan en su territorio y en sus fronteras mediante un acuerdo con Turquía para deportar a ese país a todos los inmigrantes, económicos y también demandantes de asilo, que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los Estados miembros reasienten al mismo número de refugiados asentados en territorio turco».
Denuncian que el preacuerdo con Turquía da vía libre a las devoluciones sumarias en caliente. «Un acuerdo que se suma a múltiples decisiones que han ido minando los valores fundacionales de la Unión Europa y que han incumplido sistemáticamente la legislación vigente en materia de derechos humanos».
La UE ha «comprado» las devoluciones a Turquía por «3.000 millones de euros por los costes de gestión y 3.000 millones adicionales en 2018, sin ningún mecanismo de control del destino del presupuesto; además de la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos turcos en Europa a partir de junio de 2016 y la agilización de la entrada de Turquía a la UE. Obviando que el Gobierno de Erdogan se aleja paulatinamente y alarmantemente de las prácticas democráticas, violando sistemáticamente los derechos humanos».
Una medida que «no resuelve ningún problema», sino que «provocará la apertura de otras vías más peligrosas y costosas para los refugiaos devueltos que pretendan llegar a países de la Unión Europea o bien el confinamiento de otros muchos en campamentos inhumanos sin ninguna perspectiva de futuro».
Insisten en asegurar que «los refugiados son seres humanos que huyen de la guerra y buscan la protección internacional. Hacer de ellos una mercancía para el intercambio económico es inhumano y no dará lugar a una respuesta más humanitaria: pagar a Turquía no eliminará el peligro al que los sirios, iraquíes y otros están expuestos en sus propios países».