Los trabajadores de Elcogas, de Puertollano, presentarán ante la autoridad laboral una demanda colectiva por las condiciones en las que se ha negociado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por el que han sido despedidos 119 trabajadores de la plantilla.
El secretario general de Industria en UGT en Castilla-La Mancha, Agustín Pérez, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la asamblea celebrada por los extrabajadores de Elcogas que presentarán dicha demanda porque, a su juicio, el ERE «se ha negociado de mala fe mezclando, la presentación de un plan de viabilidad a la vez que un expediente extintivo».
También ha anunciado que el 22 de marzo, los extrabajadores de Elcogas viajarán de nuevo a Madrid para pedir a Endesa y a Hidrocantábrico, dos de las empresas accionistas de Elcogas, que «se comprometan a recolocar a los extrabajadores».
Pérez también ha lamentado que «sólo la empresa de capital español, Iberdrola, ha sido la única que ha hecho una oferta de recolocación», mientras que ha opinado que «las otras dos eléctricas mayoritarias en Elcogas, como son Endesa e Hidrocantábrico, no han querido asumir su responsabilidad social».
«La administración regional y nacional tendrá que ponerlas en su sitio a estas dos empresas, que solo están en España para sacar un rendimiento económico eludiendo cualquier responsabilidad social», ha espetado Pérez.
Para el secretario regional de CCOO Industria en Castilla-La Mancha, Ángel León, «la solución está en la nacionalización de las eléctricas, y así se acabaría con esta actitud de ponerse de perfil frente a los trabajadores».
León también ha anunciado que los extrabajadores de Elcogas instarán al Gobierno regional para que apoye a los representantes sindicales y se dirijan a la dirección de estas compañías para que recoloquen a los trabajadores.
A pesar de todo, los sindicatos no pierden la esperanza, de forma que León ha afirmado que «vamos a pelear hasta el final, porque si se conforma un nuevo gobierno, Elcogas podría tener viabilidad».
Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, ha lamentado que «la plantilla ha salido muy tocada después del encierro, tras comprobar cómo después de dos años de haber estado en sintonía con la empresa en la defensa de su viabilidad, al final los accionistas dan la espalda a los trabajadores y les despiden con una rigurosa indemnización de 15 mensualidades después de 23 años en la empresa».
Tras el despido de 119 trabajadores, en la central quedan desde ayer 22 personas que se encargarán de adecuar las instalaciones de la central para dejarla en condiciones seguras para el posterior desmantelamiento y desguace.
El 31 de diciembre del 2018 dejará de existir en todos los aspectos, tras la disolución de la sociedad y tras liquidar físicamente y administrativamente la empresa. EFE