La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando presentar una querella contra la Junta de Comunidades por la «criminalización» que han sufrido sus funcionarios por parte de la administración regional. Así lo ponía de manifiesto José Julián Gregorio, delegado del Gobierno, después de que el PSOE denunciase ayer que la Delegación le había negado, hasta en tres ocasiones, dar registro de entrada al requerimiento en el que se plantea una cuestión de constitucionalidad sobre los planes de cuenca del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana, un trámite previo al recurso de dichos planes de cuenca ante el Tribunal Supremo.
Gregorio ha indicado que los funcionarios les indicaron a los responsables socialistas que la Delegación del Gobierno no podía actuar como intermediario entre administraciones. «Les dijeron cómo debían hacerlo pero parece que la administración de Emiliano García-Page no conoce la ley».
El delegado defiende que los funcionarios actuaron según la normativa, a pesar de lo cual «se les ha criminalizado». Sostiene que «esto es un paso más en la batalla del agua en contra del Gobierno de España», «una batalla de Page para esconder sus vergüenzas» y es que «en 2005 era consejero del Gobierno cuando se echó para atrás el plan hidrológico nacional que hubiera salvado el agua en esta región».