Mientras Pedro Sánchez sigue empeñado en conseguir un pacto imposible entre Podemos y Ciudadanos, para ser presidente de lo que él llama «el Gobierno del cambio», la realidad de la economía acaba de dar un sonoro bofetón a una España que todavía no ha salido de la crisis económica: 2015 cerró con un déficit público ligeramente superior al 5,16 por 100 del producto interior bruto. Es el cuarto año consecutivo en que nuestro país incumple el objetivo acordado en la Unión Europea.
Eso significa que las administraciónes públicas españolas -las del Estado, las comunicades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales- gastaron el año pasado más dinero del que ingresaron.
Son más de 10.000 millones de euros más de lo que se había acordado con la Comisión Europea, que fue acabar el año con un déficit público del 4,2 por 100. Y también se ha superado lo previsto por Mariano Rajoy, que hace solo un par de meses vaticinaba que la cifra final estaría en torno al 4.5 por 100.
UN GOBIERNO EN FUNCIONES
Y, lo que es peor, estas cifras suponen que el Gobierno en funciones va a adoptar medidas para controlar el déficit público, medidas que probablemente repercutirán en los servicios que debe recibir la ciudadanía. Un Gobierno en funciones.
La Comisión Europea ya advirtió a España en el otoño pasado de que estaba superando las previsiones y debía adoptar medidas de control. Pero el Gobierno, como en otras ocasiones, sacó pecho y aserguró que terminaríamos el año con una cifra de déficit público razonable, Ahora, aplicando el refranero popular, ha llegado el tío Paco con la rebaja y nos ha dicho que la desviación ha sido muy superior a la previsible, debido sobre todo al gasto de la Seguridad Social y de las autonomías, especialmente Cataluña y la Comunidad Valenciana.
¿CONTROLAR EL GASTO SIN RECORTAR?
El Gobierno y el Parlamento deberían buscar fórmulas que permitan controlar el déficit sin recortar en servicios públicos a una ciudadanía que bastantes recortes ha sufrido en los últimos ocho años. Pero, visto lo que ha hecho el equipo de Mariano Rajoy durante su mandato y que ahora es un Gobierno en despedida, no es descabellado ponerse en lo peor.
Conviene recordar que, en 2011, el PP y el PSOE modificaron de la noche a la mañana el artículo 135 de la Constitución, con la máxima urgencia, para obedecer a Europa y establecer que todas las administraciones públicas deben cumplir el principio de estabilidad presupuestaria y no podrán superar el déficit público que establezca la Unión Europea para sus Estados miembros, entre los que está España. CiU y PNV no votaron, aunque estaban presentes; IU-ICV, ERC, BNG y NaBai se salieron del Hemiciclo del Congreso como protesta, y hubo cinco votos en contra de Coalición Canaria, UPyD y dos diputados del PSOE.
También conviene recordar que, poco antes de comenzar la campaña electoral de diciembre pasado, y con el propósito no confesado de conseguir votos, el Gobierno del PP adelantó la rebaja del IRPF, devolvió a los funcionarios y empleados públicos la mitad de la paga extraordinaria que les había quitado (a la que tienen derecho, pero que adelantó sobre la fecha prevista) y adoptó otras medidas que aumentaron el gasto público. Ahora ha venido el tío Paco con la rebaja y ha dicho que esas decisiones electoralistas también han contribuido a que se supere el déficit público acordado.
SOLUCIONES CONSENSUADAS
Los economistas harán sus análisis y el Gobierno en funciones aprobará determinadas medidas para afrontar esta situación. Pero no hace falta ser un especialista para decir que un asunto tan serio como éste necesita soluciones de consenso adoptadas por un Gobierno estable y por el Parlamento que ha elegido la ciudadanía.
El excesivo déficit público es un motivo más para que los líderes políticos dejen ya de marear la perdiz y lleguen a un acuerdo para constituir el Gobierno, o reconozcan su fracaso para que sean convocadas elecciones, que es lo que parece más probable que ocurra aunque casi nadie lo desee.
En la historia de la Humanidad nunca ha sido posible cuadrar un círculo, y ahora parece que tampoco. Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos que considera imprescindible para formar Gobierno; Pablo Iglesias rechaza apoyarle si mantiene ese acuerdo con Albert Rivera; éste tampoco le facilitará la investidura si cuenta con gente de Podemos, y Mariano Rajoy se dedica a contemplar el espectáculo, probablemente resignado a someterse a nuevas elecciones, y dice que va a llamar al líder del PSOE pero no le llama. Y pasan los días, las semanas y los meses.
El reparto de escaños es el que decidieron los ciudadanos el 20 de diciembre y obliga al diálogo y la negociación. Pero con ese panorama de exigencias y vetos, y una vez visto lo que quieren unos, a lo que no renuncian otros y el teatro que representan unos cuantos, ¿alguien tiene la solución?