La concejala «popular» de Personal del Ayuntamiento de Talavera, María Ángeles Núñez, se ha comprometido a reconsiderar la decisión recurrir ante el TSJ-CLM contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Talavera que anuló la modificación unilateral de las tablas salariales del personal laboral del Ayuntamiento.
María Ángeles Núñez lo ha explicado durante la reunión que ha mantenido por iniciativa de CCOO con el resto de los grupos municipales -PSOE, Ganemos y Ciudadanos-; y en la que estos tres partidos, que suman 14 concejales, por los 11 del PP, se han mostrado de acuerdo con el sindicato en el rechazo al recurso judicial que unilateralmente decidió presentar el PP.
Núñez trasladará las consideraciones de CCOO y de los grupos municipales de la oposición a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que deberá decidir si retira o no el recurso. En caso de mantenerlo, el PP talaverano «lo haría contra la voluntad mayoritaria de la Corporación Municipal.»
Así lo ha destacado el responsable provincial de la FSC-CCOO, José Luis Arroyo, que decidió convocar la reunión de hoy ante la unilateralidad con la que el PP decidió recurrir la sentencia sobre las tablas salariales; y que mostró «expectante» por la disposición a rectificar manifestada tras el encuentro por la concejala de Personal.
«Al igual que en 2013 modificó las tablas salariales de forma unilateral, el grupo municipal del PP adoptó ahora la decisión de recurrir la anulación judicial de aquella decisión sin consultar al resto de la Corporación, con el agravante de que en esta legislatura el Grupo Popular no cuenta con mayoría absoluta», explicó Arroyo.
CCOO convocó a los Grupos Municipales «para tratar de reconducir esta decisión unilateral, que no venía sino a empantanar el problema originado en 2013 con otra decisión unilateral»
«Nos alegra la disposición a estudiar el requerimiento de CCOO por parte de la concejala de Personal; y ahora sólo esperamos que la Junta Municipal de Gobierno decida retirar el recurso para, inmediatamente después, poder comenzar a pagar los atrasos correspondientes, tanto a los trabajadores laborales –directamente afectados por la sentencia del Juzgado de lo Social- como a los funcionarios, tal y como ha sido acordado en varias ocasiones por el Pleno sin que a día de hoy se haya materializado».