El consejero de Sanidad Jesús Fernández ya ha contestado a la carta que al mediodía han presentado diputados del PP en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de CLM, en la que alertan de las graves consecuencias que en su opinión tendría incumplir el convenio sanitario con Madrid.
“El Gobierno regional no considera equilibrados los términos del convenio sanitario con Madrid por su coste económico, la derivación de recursos a favor de otro sistema sanitario público o privado, el coste de las medicinas asociadas al tratamiento médico e incluso los centros hospitalarios que reciben a los pacientes castellano-manchegos con un limitado catálogo de servicios”. Es el principal argumento que esgrime el consejero de Sanidad para contestar al PP y con las mismas ideas que ha venido defendiendo en el parlamento, en actos públicos y en ruedas de prensa, desde que la Junta decidió revisar el convenio sanitario firmado con Madrid a principios de 2015 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y cuando el responsable de Sanidad era Ignacio Echániz.
Además, en la carta registrada en las Cortes, Jesús Fernández explica en la carta dirigida a Carlos Velázquez y Lorenzo Robisco, los diputados del PP que han firmado la carta, que “el convenio sanitario firmado con Madrid supone un perjuicio económico para el presupuesto regional”, “la atención sanitara de los vecinos del norte de Toledo está garantizada”, “resulta llamativo que la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León mantienen un convenio sanitario que no implica la aportación de recursos sanitarios por parte de la administración regional castellanoleonesa”, y “la atención en servicios de urgencias está garantizada por el Sistema Nacional de Salud”.
Asimismo, el consejero informa que se ha solicitado una reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio para renegociar con Madrid la situación. En cualquier caso, dice Fernández Sanz, “el objetivo es garantizar la mejor atención sanitaria púbica a todos los ciudadanos y corregir en el menor tiempo posible el deterioro del servicio y la pérdida de profesionales en el sistema, como consecuencia de las medidas tomadas en l pasada legislatura 2011-2015”.