La Fiscalía Provincial de Albacete pide 17 años de cárcel, una multa de más de 11 millones de euros e indemnizaciones por valor de otros de 3,4 millones para un empresario que será juzgado mañana acusado de cinco delitos contra la Seguridad Social.
El escrito de acusación indica que el procesado es Juan Andrés G.M. que, según la Fiscalía, constituyó diversas sociedades donde acumuló diversas deudas de cotizaciones entre los años 2006 y 2010, y sólo entre 2009 y 2010 las cuantías defraudadas superaron los dos millones de euros, aunque en total ascendieron a casi 3,4 millones.
La Fiscalía ha detallado que el procesado «concibió la idea de beneficiarse a costa de la Seguridad Social» evitando el pago de las cuotas sociales y, también, que percibía dinero de otras personas «por causar su alta en la Seguridad Social, facilitándoles así el acceso a prestaciones sociales».
Juan Andrés G.M., ha añadido, utilizó para ello dos vías: no presentar los documentos de cotización necesarios y la creación de «una serie de empresas sucesivas para impedir el cese de su actividad».
De esa forma creó cuatro sociedades limitadas, una en 2006, por la que acumuló una deuda de más de 333.000 euros entre ese año y el siguiente. Con la segunda, creada en 2007, el acusado acumuló una deuda con la Seguridad Social de más de 993.000 euros y con la tercera, constituida en 2008, acumuló impagos por valor de más de un millón de euros.
Asimismo, en 2010 creó una cuarta empresa donde Juan Andrés G.M. designó a otra persona como administrador único y acumuló una nueva deuda de 982.193 euros, si bien la persona designada ha estado «en ignorado paradero» para el procedimiento judicial.
La Fiscalía ha calificado los hechos como cinco delitos contra la Seguridad Social, de distinta gravedad, y propone penas de prisión que en total suman 17 años, además de sanciones económicas que suman 11,3 millones de euros.
Del mismo modo, se propone que el procesado indemnice a la Seguridad Social «en las cantidades defraudadas» con intereses, lo que supone pagar más de 3,4 millones más en caso de que el juzgado considere probados los hechos.