El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que Castilla-La Mancha ha actuado con «respeto absoluto» a la legalidad al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos y ha denunciado que no cuentan con información oficial del Gobierno sobre el recurso de inconstitucionalidad.
Ruiz Molina se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para informar a los sindicatos sobre la información de la que disponen tras el acuerdo del Consejo de Ministros de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por la reducción de la jornada laboral.
«No es una medida ilegal como ha dicho la señora Cospedal porque la ilegalidad o no de la medida no la va a determinar ella sino el Tribunal Constitucional si, finalmente, el presidente del Gobierno decide interponer este recurso», ha aseverado el consejero.
Con ello, ha desvelado que el pasado viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) le trasladó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no le «parecía adecuado el que esta comunidad autónoma se hubiera enterado por la prensa» del acuerdo del Consejo de Ministros.
Según ha dicho, la única información con la que cuentan proviene de los medios de comunicación y del «portal de La Moncloa».
Y también le trasladó su queja por la decisión de interponer un recurso, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba «pendiente de contestar la propuesta de la reunión del 6 de abril entre representantes de la Administración del Estado y representantes de la comunidad».
En la que, según ha dicho, pensaban poder «discutir en qué normas» se basa el Ejecutivo autonómico para «haber reducido la jornada».
«ALTO NIVEL DE DESLEALTAD INSTITUCIONAL»
«El ministro no me contestó, miró para otro lado, pero le dije que me parecía de un nivel alto de deslealtad institucional, en tanto en cuanto nuestro presidente ya ha solicitado varias entrevistas al presidente del Gobierno que no le han sido concedidas», ha criticado Ruiz Molina.
El consejero ha considerado que «en estas entrevistas, además de hablar de otros temas, se podía haber hablado sobre la ley que parece ser que produce discrepancias por parte de la Administración del Estado».
Con ello, ha defendido que la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales para los empleados de la Junta era «una medida con la que se pretendía mejorar la calidad de los servicios públicos» que se prestan a los ciudadanos y, al mismo tiempo, «implicaba la creación de empleo público».
Ha insistido en que es una medida con la que se cumplen tres objetivos: «mejorar la calidad de los servicios, crear empleo público y, fundamentalmente, conciliar la vida familiar y profesional de los trabajadores de la Administración».
Además, ha recordado que es fruto del compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, con los trabajadores de la Junta y una de las medidas con las que se inició «la recuperación de los derechos» a los empleados públicos.