El Parlamento Europeo, con la excusa de reforzar la protección legal que ahora tienen las empresas para preservar sus secretos comerciales -para evitar su divulgación pública y el espionaje industrial-, ha aprobado una directiva que puede afectar de manera muy negativa a la libertad de prensa y al periodismo de investigación. Un ataque más al periodismo, al derecho constitucional a la información de la ciudadanía y a la democracia.
Si esta norma hubiera estado en vigor hace unas semanas, las informaciones de interés general que contienen los denominados papeles de Panamá, y que tanta sorpresas han dado -¿o no?-, no habrían sido conocidas por la ciudadanía.
Los defensores de esta directiva europea dicen que ofrece seguridad a las empresas y, al mismo tiempo, que garantiza el trabajo de los periodistas y sus fuentes de información. Los que se oponen, por el contrario, argumentan que supone un serio peligro para el periodismo de investigación.
LO CONFIDENCIAL Y EL INTERÉS COMÚN
Cuando esté en vigor esta directiva, los periodistas solo podrán divulgar datos confidenciales referidos a una empresa si demuestran que lo que están denunciando es una actividad ilegal y que lo cuentan para defender el interés común. Y la protección del periodista para informar -o, lo que es lo mismo, el derecho a la información de la ciudadanía- dependerá de la manera en que cada Gobierno de la Unión Europa aplique esta norma.
Medio centenar de organizaciones de periodistas, juristas y organizaciones no gubernamentales de Europa -entre ellas, la Federación Europea de Periodistas (FEP) y Reporteros sin Fronteras (RSF)- han criticado esta
norma, por el peligro que supone para la libertad de información y la lucha contra la corrupción. Apenas les han hecho caso, porque el Europarlamento únicamente ha introducido algunas modificaciones en el texto inicial, pero el resultado final es muy ambiguo y no permite descartar abusos en su aplicación.
Ahí está el peligro, en la ambigüedad del texto de esta directiva y en la inseguridad que produce no saber cómo la aplicará cada Estado. Porque, cuando un medio de comunicación publique informaciones sobre conductas que no constituyen un delito pero son inmorales, ¿qué ocurrirá?
OCULTAR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
El periodista que cuente que un ministro ha constituido una empresa en un paraíso fiscal para pagar menos impuestos, al mismo tiempo que en el Gobierno y en el Parlamento de su país defiende la necesidad de perseguir el fraude fiscal, ¿estará protegido legalmente? No. Con esta nueva directiva europea, ese periodista será denunciado por la empresa a la que se haya referido en su información y el ciudadano se quedará sin conocer esas noticias, pese a que son de interés general. Eso habría ocurrido con los papeles de Panamá.
No es la primera vez, y no será la última, que esta columna se refiere a los ataques al derecho a la información de la ciudadanía. Hay que decir, una vez más, que éste no es un asunto de los periodistas, sino que afecta directamente a un derecho de los ciudadanos, el derecho a recibir información veraz y plural sobre cuestiones de interés general. Un derecho constitucional y humano sin el que no existe la democracia plena.
Cuando los 28 Estados miembros de la Unión Europea empiecen a aplicar esta norma y un periodista sea sancionado por publicar alguna información, no se estará protegiendo al mismo tiempo la seguridad de las empresas y el trabajo periodístico sino únicamente a las empresas.
PRIMERA SANCIÓN POR LA «LEY MORDAZA»
Algo parecido ha ocurrido en España con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Provocó un aluvión de críticas generalizadas de todos los partidos políticos, excepto el PP; de numerosas ong y organizaciones ciudadanas de todo tipo, entre ellas Cáritas y SOS Racismo; de las asociaciones y sindicatos de periodistas; de jueces y fiscales; de catedráticos de Derecho y de organismos internacionales.
Ante tantas críticas, lo único que hicieron el Gobierno y el grupo del PP en el Congreso fue introducir algunas modificaciones y afirmaron que el derecho fundamental a la información quedaba garantizado con esos cambios. No convencieron a nadie. Que le pregunten al periodista Asier López, de la revista Argia, si esa ley garantiza su derecho a informar: la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa le ha sancionado con 601 euros porque publicó en su cuenta de Twitter la fotografía de un policía mientras detenía a una joven, sin haber solicitado a ese agente «autorización» para hacerlo. Según esa ley, cometió una falta grave que puede ser sancionada entre 601 y 30.000 euros.
La pregunta de siempre: ¿cuándo va a defender la ciudadanía su derecho a la información, lo mismo que reclama su derecho a la sanidad, la educación y otros? ¿Cuándo va a salir a la calle para protestar contra los recortes en ese derecho?