Susana Guerrero, la madre que se niega a entregar a su hija al padre de ésta -condenado por malos tratos e investigado por presuntos abusos a la menor- ha sido condenada a pagar una multa de 5.100 euros por un delito de denuncia falsa contra la actual pareja sentimental del padre de la menor.
En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado considera que «no existe duda alguna» sobre la autoría del delito de denuncia falsa por parte de Susana Guerrero, ya que sostiene que la condenada interpuso la denuncia «con conocimiento de su falsedad y con el único fin espurio de obtener resoluciones favorables en el procedimiento civil de custodia de la menor, induciendo a su hija a sostener episodios de violencia sin ser ciertos».
Susana Guerrero interpuso, el 26 de octubre de 2012, una denuncia contra la pareja sentimental del padre de la menor por malos tratos hacia su hija, cometidos cuanto la niña estaba en compañía de su padre en Talavera, durante las visitas que le corresponden por resolución judicial.
Sin embargo, el juzgado ha considerado que esta denuncia era falsa y, por ello, ha condenado a Susana Guerrero a 20 meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, y al pago de 1.500 euros a favor de la pareja del padre de la niña en concepto de indemnización, al tiempo que deberá pagar las costas causadas en el procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
Según la sentencia, «consta acreditado que la acusada mintió deliberadamente cuando denunció el maltrato al que venía siendo sometida su hija» y señala que, para justificar dichos malos tratos, la mujer aportó documentación médica fechada en 2014, a pesar de que la denuncia se había interpuesto en 2012.
Además, señala que la acusada, durante el plenario, sostuvo «y mantuvo la certeza de la denuncia presuntamente falsa por la que está acusada, mientras que tanto» el padre de la niña como su pareja sentimental «negaron que aquella hubiese agredido» a la menor.
También se recoge que la niña, cuando en febrero de 2013 fue explorada con motivo de esta denuncia de malos tratos, dijo que la pareja de su padre «a veces la regaña cuando no hace lo que le dicen, pero que la quiere, que nunca se ha enfadado mucho con ella, que está a gusto con todos, que nunca le han pegado, ni papá ni mamá» ni la pareja del padre, «solo la regañan gritando un poco y no la castigan».
En dicha exploración, según la sentencia, la niña también relató «unas experiencias de maltrato que la propia menor informa y concluye que no ha experimentado ni recuerda, sino que su madre le ha exigido que diga; al igual que sabe, por referencias de su madre, que ésta había sufrido maltrato por el padre de la menor, utilizando la expresión ‘me lo dijo mamá'».
Por todo ello, se considera que la menor, con siete años en el momento de la exploración, «presenta un testimonio de maltrato que considera falso, presentando unas características de personalidad dócil y sugestionable».
La sentencia también señala que un día antes de interponer la denuncia, la madre acude al médico con la niña, que «refiere golpes en cara, tronco y miembros por parte de la pareja de su padre, y que la madre refiere que la niña le contó lo que pasaba a finales de septiembre, habiendo estado con el padre y su pareja por última vez desde el 20 de junio hasta el 1 de agosto de 2012».
Según dicho informe médico, la niña no presentaba hematomas ni heridas.
La madre, cuando fue a poner la denuncia, argumentó que no había ido antes a interponerla porque estaba esperando a que se produjera la vista de modificación de medidas de visita, un encuentro que tuvo lugar el 24 de octubre de 2012 y que culminó con que la niña debía ver al padre el primer fin de semana de noviembre.
Esta sucesión de hechos, según la sentencia, «genera dudas fundadas sobre la veracidad de la denuncia» y considera que la credibilidad de la acusada «es cuestionada».
A ello, se añade «una situación de animadversión enconada y muy larga en el tiempo hacia el padre de la menor y su entorno tanto por parte de la acusada como por la abuela materna».
Contra esta sentencia, cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Toledo en un plazo máximo de 10 días.
RECURRIRÁ LA SENTENCIA
Susana Guerrero recurrirá la sentencia que le condena a una multa de 5.100 euros por denuncia falsa contra la actual pareja del padre de la niña. Guerrero ha asegurado que se la está condenando por un delito que no ha cometido, ya que fueron los servicios de salud canarios los que denunciaron los hechos en 2012, los cuales puso en conocimiento de la Guardia Civil una vez activado el protocolo de actuaciones correspondiente.
«Se me está condenando a mí y a mi hija porque esta sentencia les va a servir de base para arrebatarme la custodia y poner a la niña en manos de mi abusador y presunto abusador de mi hija y de su presunta maltratadora», ha aseverado la madre.
En su opinión, aunque no lo menciona, la jueza viene a ampararse en el Síndrome de Alineación Parental (SAP) y en el «falso» informe que elaboró el psicólogo forense Maxim Winberg, según el cual el testimonio de la menor «no es creíble, sino inducido» y la niña tiene una «falsa memoria».
Guerrero ha afirmado que Winberg ni siquiera estaba citado para declarar y ha tachado de «encerrona» su «declaración sorpresiva» en el juicio, además de preguntarse «cómo es posible que se acojan a un falso SAP que inventó un pedófilo y que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud».
Asimismo, ha indicado que más de cinco informes acreditan que su hija ha sido víctima de malos tratos y de abusos sexuales y se ha mostrado dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo «si es necesario», ya que sus expectativas ante la Audiencia Provincial de Toledo «son pocas» porque cree que está «contaminada jurídicamente» y que «la hoja de ruta está trazada».
«La sentencia ha sido un jarro de agua fría más, pero después de cuatro años y medio así, éste no me ha dejado helada, lo que me ha dado es más fuerza para demostrar a lo sociedad lo que está pasando con mi caso, que es una total persecución hacia mi persona», ha agregado.
También ha destacado que no pide compensaciones económicas de ningún tipo y que su único interés es proteger a su hija y ha lamentado que por enfrentarse al sistema pueda acabar en prisión, ya que cada dos cuotas que no se hagan efectivas se convierten en un día de privación de la libertad.