Tras la suspensión cautelar de las 35 horas semanales en la función pública, que entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, destacaba que esto «nos obliga a cumplir la ley de Cospedal al menos cinco meses», que será el plazo máximo hasta que el Constitucional dé una respuesta definitiva.
«Más allá de que sea una rabieta de Cospedal», indicaba el portavoz del Gobierno, » tenemos que tener claro que la suspensión cautelar que aparece en el BOE, nos obliga a cumplir la ley de Cospedal al menos cinco meses. Volverán las horas Cosepdal».
Hernando aseguraba que la Junta «no se va a quedar de brazos cruzados» y van a trabajar para que se levante la suspensión cautelar.
El portavoz del Gobierno quería dejar claro que «siempre se va a cumplir la ley y no se va a caer en el error de hecha la ley, hecha la trampa». De ahí que insistiera en asegurar que «no vamos a hacer trampas para que sean 35 horas por la puerta de atrás. Que lo hubieran pensado antes de hacer este ataque a la calidad pública y a la calidad de los servicios públicos».