El Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado la comisión de trabajo que elaborará el borrador del decreto de protección y tutela garantizada de las personas con discapacidad, compromiso adoptado por el Gobierno de Emiliano García-Page.
El decreto «dará seguridad jurídica a los familiares cuando ellos falten o no puedan hacerse cargo de sus hijos», ha resaltado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, según ha informado la Junta en nota de prensa.
La tutela de personas discapacitadas estará regulada en un primer momento mediante una normativa «innovadora» en España y, posteriormente, estará recogido como derecho en una futura reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
«De esta forma, las familias tendrán la certeza de que cuando falten los padres o por cualquier circunstancia no puedan ya hacerse cargo sus hijos van a estar atendidos por la Administración regional, lo cual es una de las principales preocupaciones de los familiares de personas con discapacidad», ha aseverado.
El sistema de protección se recogerá de forma explícita en el futuro decreto que servirá para fijar el «plan de futuro» de las personas con discapacidad, de acuerdo a los deseos de sus progenitores, a los que la Administración regional informará de las distintas posibilidades de apoyo que pueden recibir sus hijos.
Al mismo tiempo, se garantizará su acceso a los recursos públicos en el momento que lo necesiten.
En la comisión de trabajo participan, además de técnicos de la Consejería de Bienestar Social, representantes de las entidades Plena Inclusión, Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad de Futucam, Federación de entidades de Salud Mental Feafes y Federación de Asociaciones de Personas con Daño Cerebral Aspace.
También de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, Fundación de Daño Cerebral Sobrevenido Fundace-Adace, el Comité Territorial de Representantes de Entidades de Discapacidad Cermi y la entidad Laborvalía.