Castilla-La Mancha ha perdido 524 empleos públicos en la Administración General del Estado desde enero de 2011 hasta enero de 2015, concretamente 364 de personal funcionario y 167 de personal laboral, según el estudio de CCOO «Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado».
Estos datos los ha aportado en rueda de prensa en Toledo el secretario general del Sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Manuel Vera, que ha afirmado que esta publicación pretende ser un análisis del impacto de las medidas de austeridad sobre los servicios públicos durante estos cuatro años.
Vera ha señalado que con la recopilación de estos datos, facilitados por la propia Administración General del Estado, se muestran los efectos de «esas políticas de recorte» en la última legislatura, que han provocado la pérdida 23.000 empleos España -de los 227.000 que hay-, un 10 por ciento de los efectivos.
En Castilla-La Mancha, esta cifra ha sido inferior, un 7,53 por ciento, y por provincias, Toledo ha perdido 100 empleos, 124 en Albacete, 132 en Ciudad Real, 94 en Cuenca y 74 en Guadalajara.
Por sectores, el estudio indica que, de todo el empleo público que se ha perdido en la región -y que no está cuantificado en este estudio-, la Junta de Comunidades ha sido la más afectada, con un 54,17 por ciento menos, a la que le sigue la administración local, con el 27,48 por ciento.
Un 5,44 por ciento corresponde a empleos de la Administración General del Estado, el 2,73 por ciento a las universidades y un 10,19 por ciento se reparte en otros sectores públicos.
«UNA POLÍTICA CLARA DE UN NUEVO MODELO DE ADMINISTRACIÓN»
«Esa destrucción no está relacionada con una menor necesidad de personal, sino con una política clara de un nuevo modelo de administración, que no busca los intereses de la ciudadanía sino de negocio, entregado a las empresas privadas» ha lamentado Vera, que ha asegurado que esta afirmación la demuestran «con datos».
Datos entre los que no han incluido a los empleados de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a las Fuerzas Armadas, que según ha señalado Vera, representan un 10 por ciento del total de estos empleos públicos.
El secretario general de CCOO en este sector ha resaltado algunos de los sectores donde más han incidido estas políticas, como la lucha contra el fraude fiscal, la seguridad social y «otros más desapercibidos, pero igual de importantes», como organismos públicos de investigación, el control sanitario de mercancías para consumo humano o la agencia estatal de meteorología.
Asimismo, ha criticado la temporalidad que existe en algunos sectores, como la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que tiene «el 82 por ciento de personal temporal», ha afirmado.
PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS
Vera ha señalado que en el estudio también han analizado ejemplos de privatización de servicios, que ha costado «11 millones de euros anualmente», y, en este sentido, ha apuntado que «privatizar es más caro que contratar empleados públicos», algo que «ha expresado el propio Gobierno a preguntas del grupo Izquierda Plural».
Otro de los cambios que ha criticado ha sido el de las retribuciones complementarias a los empleados, que «ahora las decide la Administración General del Estado unilateralmente» y que supone que algunos trabajadores cobren «el doble de su salario» gracias a estos incentivos, ha agregado.
Por todo ello, Vera ha manifestado que la crisis ha sido una «disculpa para avanzar en un modelo de administración del ‘hágalo usted mismo’, reducir el número de empleados públicos el mínimo imprescindible y acudir a la privatización», medidas contra las que CCOO «lucha porque no garantizan los servicios públicos, a los que la ciudadanía tiene derecho».