Las asociaciones de padres y madres de alumnos de colegios British han desconvocado la manifestación prevista para el próximo domingo en Toledo después de que la Junta anunciase que se iba a recuperar la figura del asesor lingüístico.
La Plataforma regional de AMPAS British Council reconoce haber recuperado «parte de la ilusión y la esperanza tras el anuncio hecho por la Consejería de Educación de incorporar un asesor y mantener las comisiones de servicio». No obstante, recuerda que lo anunciado el pasado jueves es sólo la mitad de los mínimos y que seguirá manteniendo sus reivindicaciones de cara a los próximos cursos.
La plataforma ha acogido «con mucha esperanza e ilusión este paso hacia adelante para recuperar una enseñanza bilingüe de calidad y, sobre todo, pública»; pero también ha recordado que un asesor por centro es sólo la mitad de los mínimos marcados en el convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council, por lo que mantendrá abierta las conversaciones con la consejería de cara a los próximos cursos.
Aún así, este colectivo recalca que se está recuperando una parte de lo que el anterior ejecutivo regional, presidido por María Dolores de Cospedal, «devastó» en septiembre de 2011 cuando suprimió los 25 asesores lingüísticos que había entonces en los colegios públicos British de Castilla-La Mancha.
Desde la plataforma recuerdan que estos siete colegios de Castilla-La Mancha se adhirieron en 1996 al convenio British Council para compensar otras carencias, como su antigüedad, su falta de instalaciones o su ubicación en barrios marginales.
Los tres pilares del convenio British Council son la metodología del currículo integrado, los asesores lingüísticos y el número de horas de inmersión lingüística que, según recuerda la plataforma, no se cumplirían ni siquiera con el número mínimo de dos asesores por centro, por lo que siguen siendo imprescindibles las comisiones de servicio.
El pasado martes 10 de mayo, representantes de la plataforma se reunieron con la viceconsejera de Educación, María Dolores López Sanz, a la que expusieron sus argumentos y con quien repasaron la normativa que afecta a estos centros.