Los sindicatos de la función pública de Castilla-La Mancha se han concentrado hoy para protestar por la vuelta a la jornada de las 37,5 horas semanales, tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, y han confiado en que el TC «recapacite».
Las concentraciones, que han sido convocadas por los sindicatos CCOO, UGT, CEMS, CSIF, FSES, STAS-Intersindical, SIC-GS y USAE, se han celebrado ante la Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y, en general, ha tenido un seguimiento del 60 por ciento, aproximadamente, según han informado los sindicatos.
Así, unas cincuenta personas se han concentrado hoy ante las puertas la Delegación del Gobierno en Toledo, donde el responsable del Sector Autonómico de FSP UGT, Luis Manuel Monforte, ha explicado a los periodistas que la vuelta a las 37,5 horas semanales de los empleados públicos, impuesta tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la decisión de la Junta de recuperar las 35 horas semanales, se podría solventar, en el caso del personal del Sescam, con el «solape».
Ello permitiría, que los empleados de la mañana salieran media hora más tarde y que los de la tarde entraran media hora antes para hacer el cambio de turno y comunicar las incidencias en horario de trabajo, pues ha lamentado que en la actualidad se viene haciendo, pero a costa del tiempo libre de los trabajadores.
Monforte, que se ha mostrado confiado en que el Tribunal Constitucional «recapacite» sobre su decisión de volver a las 37,5 horas semanales, ha adelantado la posibilidad de celebrar una «gran manifestación a nivel regional, fuera del horario de trabajo» posiblemente para mediados de junio.
Por su parte, el coordinador del sector autonómico de CCOO en la región, Ramón González, ha mostrado su «rechazo absoluto a la imposición» de las 37,5 horas semanales y ha criticado tanto al Gobierno central como al autonómico.
Al primero porque «mientras que con una mano gasta 500 millones en devolver la paga extra a los funcionarios del Estado, con la otra impugna una norma que apenas tiene un coste de 20 millones en Castilla-La Mancha» y al segundo porque la última reunión de la comisión negociadora del Personal Laboral terminara sin acuerdo para 1.800 trabajadores de la Junta, que supondrá que las 37,5 horas semanales se aplicarán sin acuerdo con los sindicatos.
Por su parte, el presidente de la Sección Autonómica de CSIF, Roberto Rincón, que ha acusado al Gobierno regional de «haber prometido muchas cosas, como las 35 horas semanales, pero está cumpliendo pocas», ha pedido a la administración central y autonómica que se sienten a negociar este asunto y «dejen de utilizar a los trabajadores de la administración como arma arrojadiza para campañas electorales»
En Cuenca, unas 70 personas se han concentrado en la Plaza de España, ante la Subdelegación del Gobierno, para protestar por este mismo motivo y los representantes de los cuatro sindicatos han explicado, en declaraciones a los medios, que la medida cautelar del Tribunal Constitucional perjudica sobre todo a la creación de empleo, por ello confían en que les acabe dando la razón aunque lamentan que «cuando se pronuncie el Tribunal pueden haber pasado cinco meses, y ya será octubre».
También en Guadalajara, un grupo de funcionarios se han concentrado frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, y allí Francisco Navarrete, miembro de CSIF Guadalajara, ha lamentado que, una vez más, los funcionarios sean los paganos de un conflicto, en este caso político entre sendas administraciones regional y central, al igual que lo fueron en la crisis «que nos han dado palos por todos los lados».
«Ahora que estábamos consiguiendo recuperar nuestros derechos nos hemos visto en la obligación de estas concentraciones porque hay afectados 70.000 trabajadores en toda la región».
Además, en Ciudad Real un centenar de delegados sindicales y afiliados de CCOO,UGT, CSI·F y STAS se han concentración ante la subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, y allí han insistido en pedir al PP un posicionamiento claro a favor de la jornada de 35 horas de los empleados públicos, que empezaría por solicitar desde el grupo parlamentario el levantamiento de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, mientras se articula alguna fórmula alternativa legal para el mantenimiento de la jornada.