Con el amparo de la llamada Ley Mordaza, que fue aprobada en 2015 con los únicos votos del PP, se están cometiendo disparates que, si no fuera por la seriedad del asunto, provocarían la risa a carcajadas. Ya lo advirtieron todos los partidos de la oposición unánimemente y numerosas organizaciones de España e internacionales, pero el Gobierno y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se empeñaron en sacar adelante esta ley innecesaria, porque bastaba con la anterior, y se están viendo sus consecuencias.
El domingo 22 de mayo a media tarde, horas antes de que se jugara la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el FC Barcelona, Belén Lobeto caminaba frente a su domicilio en Madrid, por las cercanías del estadio Vicente Calderón, y llevaba un bolso en el que figuraban las letras A. C. A. B.
INTERPRETARON MAL UNAS LETRAS
Dos policías que patrullaban por la zona vieron a la joven con el bolso, interpretaron que esas letras correspondían a la frase en inglés «all cops are bastards» («todos los policías son unos bastardos») -un insulto utilizado por grupos ultras contra los policías- y, sin pensarlo dos veces, la denunciaron. Para ello echaron mano de la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que califica como falta leve la «falta de respeto y consideración» a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la castiga con una multa de entre 100 y 600 euros.
Ella aclaró a los policías que esas letras significaban, tal y como se leía también en el bolso, «all cats are beautiful» («todos los gatos son bonitos»). Y así es, en efecto, porque esas cuatro palabras en inglés figuran escritas en el bolso alrededor… ¡de la cara de un gato! No le sirvió de nada y los agentes rellenaron el impreso con la denuncia, que Belén se negó a firmar.
La joven difundió la fotografía de su bolso y de la denuncia por las redes sociales y, tras el revuelo que se armó, alguien de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se dio cuenta de que esos dos agentes habían metido bien la pata y han archivado la denuncia.
OTRA TORPEZA DEL MINISTRO EL INTERIOR
El ministro en funciones Jorge Fernández Díaz, intentando justificar lo injustificable, ha afirmado que esa joven no fue «multada» sino «expedientada». Explicación lamentable, como tantas otras de este ministro. ¿Acaso los dos policías rellenaron el impreso con la denuncia porque estaban aburridos o lo hicieron para que la Delegación del Gobierno tramite la denuncia e imponga la multa correspondiente a la chica? No hace falta responder.
Ese no es el único caso, ni mucho menos. Una periodista de Catalunya Radio ha sido multada con 600 euros porque, cuando trabajaba en la puerta de la Audiencia Nacional, traspasó la zona que la policía había asignado a los informadores para intentar acercarse al abogado de Jordi Pujol, quien declaraba en ese tribunal.
La lista de sancionados por la aplicación de esa ley es numerosa: un periodista por difundir en Twittrer la fotografía de una operación policial sin «autorización» de los agentes; un fotógrafo que se negó a borrar las fotografías de un accidente laboral con un muerto, como le exigía la policía; un grupo de trabajadores que se manifestó en la puerta de su empresa para exigir que les pagaran los salarios atrasados…
MULTAS POR FALTA DE RESPETO
En los siete primeros meses de aplicación de la llamada Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, se han tramitado 6.217 sanciones por faltar al respeto a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Una media de 30 multas al día, solo superada por las impuestas por tráfico de drogas, según datos oficiales que ha publicado Eldiario.es.
El problema no es que se sancione a quien comete una infracción, porque eso es lo que se debe hacer en un estado de Derecho. El problema consiste en que, en estos casos, la denuncia es decisión de un policía que aplica una ley muy polémica sin intervención del juez. Si el ciudadano no está de acuerdo, tiene que gastarse el dinero y acudir a los tribunales para demostrar que no ha cometido la infracción, justo lo contrario de lo que debería ocurrir: mientras no se demuestra la culpabilidad debe prevalecer la presunción de inocencia.
Todos los partidos políticos, excepto el PP, se han comprometido a derogar esta ley si llegan al Gobierno. El 26 de junio hay elecciones. A pensar.