El Gobierno y las comunidades autónomas comenzarán a estudiar el próximo 18 de abril el «copago» de la recetas médicas y la posibilidad de modificar el sistema actual para que esa contribución sea en función de la renta, han informado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para esa fecha ha sido convocado el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representados el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Las mismas fuentes han subrayado que se trata de estudiar las posibles modificaciones del sistema actual y han incidido en que el «copago» farmacéutico ya existe, aunque el Ejecutivo pretende -han precisado- hacer el sistema «más justo y más equitativo».
Será la primera ocasión en la que los responsables de Sanidad de los Gobiernos central y autonómicos aborden la cuestión del «copago» de las recetas, después de que el Ejecutivo haya anunciado su intención de ahorrar 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, 7.000 de los cuales serán en el ámbito sanitario.
Será también el primer encuentro de los responsables de sanidad después de que el Gobierno catalán decidiera que los ciudadanos abonen un euro por receta, un pago del que están exentos los enfermos crónicos con menos recursos y los beneficiarios de una pensión no contributiva.
El Gobierno central ya ha corroborado su intención de buscar mecanismos para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y racionalizar el gasto, y entre las medidas que se plantea destaca la de que los ciudadanos paguen una parte de los medicamentos recetados en función de su nivel de renta.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han insistido en diferenciar esta medida del «copago sanitario», que el Ejecutivo ha descartado.
La titular del Ministerio, Ana Mato, entregó ayer al presidente del Gobierno un documento en el que se concretan sus propuestas para acometer la reforma sanitaria, un documento en el que los responsables del Ministerio están trabajando desde que llegaron al Ejecutivo.
El documento detalla algunas medidas con las que el Ministerio pretende ahorrar unos 7.000 millones de euros; entre éstas, además de revisar el actual sistema de «copago» por recetas, figuran la creación de una Agencia Central de Compras de Medicamentos y Productos Sanitarios para tratar de conseguir mejores precios de adquisición.
El Ministerio plantea además en el mismo documento una revisión del «turismo sanitario», con el fin de evitar situaciones que se repiten en España, donde en muchas ocasiones la sanidad pública atiende a un paciente y posteriormente se regulariza y ordena la documentación del mismo.
Las mismas fuentes han precisado que también se revisará, con el fin de reforzar los controles, el gasto en «transporte sanitario», y han apuntado en este sentido que se trata de controlar y corroborar la necesidad que tienen los ciudadanos que hacen uso de ese transporte (como ambulancias para el traslado de pacientes en rehabilitación).
La intención del Gobierno con estas medidas es, han subrayado las mismas fuentes del Ministerio, optimizar la gestión de los recursos con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y de evitar el «copago» por las prestaciones sanitarias.
Las medidas previstas en el documento en el que Ana Mato ha plasmado la reforma sanitaria persiguen, han concluido las mismas fuentes, garantizar que España siga teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y que ese sistema siga siendo «público, gratuito, universal y de calidad».