El sindicato CCOO en Castilla-La Mancha ha elaborado un decálogo para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica, un documento en el que, entre otros aspectos, propone que las comunidades autónomas participen en la gestión de la Agencia Tributaria y que la Constitución recoja un «suelo de gasto social».
El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha presentado en rueda de prensa este decálogo que ha remitido por carta al presidente autonómico, Emiliano García-Page, al que le ha pedido una reunión para exponérselo y en la que solicitará que el sindicato se pueda implicar «de manera humilde pero decidida» en la discusión para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica.
También ha solicitado reunirse con todas las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha para abordar este tema porque el sindicato quiere «participar, discutir y convenir, si es posible, en un modelo de financiación autonómica que sirva para los próximos 20 años».
«Queremos comprometernos con Castilla-La Mancha», ha dicho Gil, que ha propuesto «hacer un frente común para exigir al Gobierno de España un cambio que venga bien al conjunto» de la región, pues ha opinado que la financiación autonómica es «un tema capital para Castilla-La Mancha» e incluso se ha mostrado convencido de que «si no hay un cambio en el modelo, la región jamás saldrá del retraso histórico que padece».
Dada la importancia del asunto, Gil ha pedido que el sindicato pueda «participar activamente con el Gobierno regional, en planos de igualdad y corresponsabilidad», con el objetivo de reformar el actual sistema, que es «tremendamente injusto y castiga a las comunidades históricas más atrasadas históricamente».
Además, ha criticado que el actual modelo de financiación autonómico es «caduco e injusto, muy poco transparente, tiene una complejidad que lo hace difícilmente aplicable y está compuesto por una maraña de fondos cuya distribución es muy desigual y que, con Castilla-La Mancha, ha sido poco adecuada».
Ante esta situación, y tras recordar que la deuda pública regional roza los 13.000 millones de euros -que supone 6.579 euros por castellanomanchego-, CCOO ha elaborado un decálogo para alcanzar un nuevo modelo de financiación autonómica que luche «contra la desigualdad y por la redistribución de la riqueza».
La secretaria regional de CCOO de Finanzas, María Ángeles Castellanos, ha sido la encargada de desgranar dicho decálogo, que comienza con la solicitud de que se derogue la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, aprobada en 2011.
También propone la creación de una mesa de financiación autonómica con representantes permanentes de las comunidades autónomas y del Estado y que cuente con grupos de trabajo donde, además del Gobierno central y las regiones, participen expertos en las materias que se aborden, así como representantes sindicales y sociales.
A partir de las conclusiones de estos grupos de trabajo, CCOO solicita fijar «la dimensión óptima de los servicios sociales básicos» y, a continuación, reformar la Constitución para establecer un «suelo de gasto social» que garantice los servicios sociales con independencia del lugar donde se viva.
A su juicio, también se deben establecer «coeficientes correctores» para equilibrar las realidades de las distintas comunidades autónomas y que, por ejemplo, tendrán en cuenta la dispersión geográfica, la despoblación o el envejecimiento de la población.
Asimismo, solicita crear un «fondo de garantía» para asegurar que se prestarán los servicios sociales en el nivel acordado con independencia de los ciclos económicos.
Una vez restados los recursos para el gasto social básico, CCOO propone establecer los porcentajes de reparto en las comunidades autónomas, con el requisito de que se garantice el equilibrio económico, la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias y la solidaridad entre los territorios.
Más allá de hacer propuestas por el lado de los gastos, CCOO también solicita que el nuevo sistema de financiación autonómica también intervenga en el lado de los ingresos, con la participación de las autonomías en la gestión de la Agencia Tributaria y en la fijación de impuestos y que se dé prioridad a la lucha contra la evasión fiscal.
Así, propone que haya más coordinación entre administraciones que tiene competencia en gestión de tributos y una base fiscal única, con el fin de aumentar los ingresos sin subir la presión fiscal.