La Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad de Toledo ha atendido a 300 personas desde su apertura y ha paralizado cinco lanzamientos de vivienda. El director provincial de la Consejería de Fomento en Toledo, Pascual Aguado, ha ofrecido estos datos ante la Comisión de Seguimiento de la oficina toledana reunida para informar a sus miembros, entre ellos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Toledo y las entidades bancarias.
En total, la oficina de Toledo ha atendido, aproximadamente, a un tercio del total de personas recibidas en las seis oficinas de la Junta de Comunidades de la región, según ha informado hoy la Junta en nota de prensa.
El 50 por 100 de las consultas resueltas son relacionadas peticiones de información, un 4 por100 ha requerido intervención social, el 16 por 100 ha derivado en atenciones por un letrado del Colegio de Abogados y un 30 por 100 ha demandado intermediación bancaria.
Entre los resultados de estas actuaciones, hay que destacar los cinco lanzamientos hipotecarios paralizados «con fecha concreta de desahucio fijada por un juzgado», así como «el éxito» de las distintas intermediaciones en las que se ha logrado la dación en pago, con o sin alquiler social, carencias, y reestructuración de deuda.
El director provincial de la Consejería de Fomento ha destacado «la importancia de colaborar y coordinar con todas las partes implicadas al objeto de conseguir una vivienda digna para todas aquellas personas que se encuentran en las situaciones más desfavorecidas».
Un total de 100 ayuntamientos de la provincia han suscrito el convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para sumarse a este proyecto.
Aguado también ha resaltado la iniciativa del Gobierno regional para realizar una nueva ley en materia de vivienda, para cuya redacción se están recabando las consideraciones de los distintos colectivos, entre ellos, las de los integrantes de las oficinas con el objeto de adaptar esta normativa a las distintas realidades sociales.