Limitar la compraventa de derechos del uso del agua, revisar el trasvase del Tajo-Segura y paralizar las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales son algunas de las medidas urgentes exigidas hoy en un documento firmado por 17 organizaciones sociales y ambientales ante las elecciones del 26J.
Entre las entidades firmantes del documento figuran Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y la Asociación Ojos del Guadiana Vivos
Su objetivo principal es conseguir «una nueva hoja de ruta para la política del agua en España durante la próxima legislatura», ha explicado la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, quien ha insistido en la necesidad y urgencia de estas reformas con el fin de «reorientar la gestión del sector a través de un uso sostenible».
La propuesta, remitida ya a los partidos políticos, recoge 14 medidas divididas en dos grupos, distinguiendo las más urgentes de las que pueden establecerse «para finales de la legislatura», aunque «necesitamos que el nuevo gobierno central desarrolle todas» para evitar «abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas».
Este conjunto de medidas propone revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura para reducir la dependencia e impactos de este tipo de obra hidráulica, así como eliminar las sociedades estatales de aguas y «devolver sus competencias a la administración pública» para evitar casos como el de Aquamed, investigada por la Audiencia Nacional por un supuesto fraude de más 20 millones de euros.
Para fomentar el uso eficiente del agua, el texto insta también a la aplicación de una política de recuperación de costes de su uso y anima a acotar los conceptos de «interés general» y de «obra de emergencia» para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas.
Otras medidas urgentes son paralizar o abandonar definitivamente obras hidráulicas con muchos conflictos ambientales y sociales -el texto cita entre ellas el dragado del estuario del Guadalquivir o el trasvase del río Castril- y fomentar los valores naturales del agua revisando los regímenes de caudales, reactivando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y promoviendo infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales.
REVISIÓN DE LA LEY DE AGUAS
Las intervenciones «de envergadura para finales de la legislatura» incluyen, ha explicado el coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, la revisión «de una vez por todas» de la Ley de Aguas, de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y afrontar «el nuevo reto de proteger el recurso natural».
El documento también plantea el uso de criterios sociales y ambientales para la revisión de los planes especiales de sequía «de acuerdo con la nueva planificación hidrológica» y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.
Alentar una mayor participación ciudadana tanto en debates como en procesos y órganos de toma de decisión respecto al agua, fomentar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático e impulsar una «mejor coordinación» de las políticas del agua con las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial completan este conjunto de sugerencias.
César Rodríguez, portavoz de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos Ríos con Vida (AEMS), ha señalado otros de los problemas del agua en España: «La actual ordenación del territorio, la intervención humana en ecosistemas naturales y la construcción de nuevas infraestructuras con gran impacto ambiental».
A ello hay que sumar el «mal uso» del agua, por su contaminación y derroche «al no utilizar su ciclo natural, lo que en el futuro provocará conflictos que la sociedad deberá asumir cuanto antes».