El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la tramitación del acuerdo marco para la concesión de plazas residenciales en centros de mayores pertenecientes a la Junta de Comunidades, que destinará en los próximos cuatro años (2017-2020) una cuantía de 458.600.000 euros para este fin. Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha detallado que se prevén ofrecer más de 6.000 plazas, tanto a mayores como a dependientes, y dar trabajo a alrededor de 3.000 personas, muchas de ellas, del ámbito rural.
Rueda de prensa ofrecida por Aurelia Sánchez.
De este nuevo acuerdo marco la titular del ramo ha destacado que dará estabilidad al sector, ya que su duración será de cuatro años y no de dos como el anterior; y que se garantizará el número de plazas, contemplando incluso la posibilidad de ampliarlas en el futuro.
En julio arrancará el proceso con la presentación de las propuestas por parte de las entidades privadas y la homologación de las mismas. La siguiente fase será en noviembre con la firma de los contratos específicos, estableciéndose entonces los precios de los diferentes tipos de plazas: residenciales, de estancia diurna, de estancia nocturna y temporales. «El precio final resultará de la oferta que hagan las distintas entidades y del grado de dependencia», puntualizaba Aurelia Sánchez.
La consejera ha hecho hincapié en las mejoras de este nuevo texto con respecto al anterior, en el que se contrataron 5.100 plazas por 96 millones de euros anuales. Así, además de insistir en que estará vigente entre 2017 y 2020 y en la estabilidad que dará al sector al garantizar un volumen de actividad cierto, ha puesto en valor que se mantiene el número de plazas ya existentes, que no se descarta aumentarlo y que se mejorarán las prestaciones para los dependientes. Por otro lado, las estancias temporales de duplicarán -«una reivindicación tanto de usuarios como de las empresas»- y dejarán de estar clasificadas en ordinarias y de alta intensidad, pasando a estar unificadas.
Otra novedad es que se flexibilizan las exigencias para las entidades, algo que en anteriores ejercicios «les suponía un ahogo económico». La tramitación de este acuerdo marco -en el que en esta ocasión no estarán incluidas las entidades locales- representará, igualmente, que «ninguna empresa se quede fuera, tal y como ocurría antes».
Para informar de todo ello a los técnicos, el 8 de julio la Consejería de Bienestar Social celebrará unas jornadas de puertas abiertas.
OCHO MILLONES DE EUROS PARA CENTROS DE MENORES TUTELADOS
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 8.108.964 euros para los convenios entre la Consejería de Bienestar Social y siete entidades privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto el mantenimiento y la financiación de los centros de menores tutelados por la Junta.
Accem, Aldeas Infantiles, Colabora, asociación Dime, Mensajeros de la Paz, asociación Vasija y Fundación Madre de la Esperanza son las organizaciones que recibirán estas subvenciones mediante concesión directa y convenios de colaboración que contemplan la gestión, el acompañamiento, la supervisión y la inspección de los hogares de menores.
«La novedad de este año es que a la firma del convenio las asociaciones recibirán el 40 por 100 del presupuesto sin justificación previa (en años anteriores era necesaria la justificación)», ponía de manifiesto Aurelia Sánchez, quien añadía que que, por ser de una cuantía superior a los 500.000 euros, estos convenios deben pasar por el Consejo de Gobierno. No obstante, «son más las organizaciones colaboradoras».
En términos generales, el programa de centros de protección de menores de Castilla-La Mancha consta de 438 plazas, de 50 hogares gestionados por 14 entidades y de 381 profesionales. Cuenta con un presupuesto total de 12 millones de euros.
En la región hay entorno a 1.000 menores tutelados por la Junta, de los cuales el 60 por 100 están en acogimiento familiar y el 40 por 100 en centros residenciales.