El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado hoy sobre la anulación de una sanción de casi 600.000 euros al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo) que, «si hay un delito, hay que perseguirlo». Así se ha referido Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios antes de la reunión que ha mantenido con el Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea, a la información publicada por eldiario.es sobre el sobreseimiento de una sanción impuesta por el vertido de «tres millones de litros de agua con una carga alta contaminante al arroyo Cañares» y, con ello, al río Tajo.
El consejero ha manifestado que, si el delito es ambiental, «tiene igual de importancia que si fuera de otro tipo» y ha subrayado que esta situación se enmarca en el «grave problema medioambiental» que sufre el caudal ecológico del río Tajo.
«Es clarísimo que hay que afrontar este problema», ha señalado Martínez Arroyo, que ha recordado que esta situación se ha planteado desde el Gobierno regional, se ha recurrido el plan de cuenca y se ha puesto también de manifiesto a nivel comunitario a través de la resolución del Parlamento Europeo hace una semana.
«Tenemos un compromiso con los ciudadanos de Castilla-La Mancha y con los de España para hacer compatible la riqueza económica, gracias al agua del Tajo, con el mantenimiento medioambiental de ese entorno, que es patrimonio de todos y que lamentablemente, por decisiones que no son del Gobierno regional, no se está protegiendo», ha indicado el consejero.
EL AYUNTAMIENTO DICE QUE TRABAJA PARA ARREGLAR LA DEPURADORA
Por su parte, el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán ha asegurado hoy que «está tomando todas las medidas a su alcance» para solucionar los problemas de la depuradora municipal, los que ha achacado al anterior gobierno socialista.
El Consistorio ha respondido así a la denuncia de Ecologistas en Acción sobre la anulación de la sanción. En un comunicado, el Ayuntamiento de la localidad toledana ha recordado que la depuradora se puso en marcha en el año 2000 y, sin embargo, «no preveía la posible ampliación de empresas o crecimiento del municipio».
«Esta falta de previsión de los entonces responsables del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán del Partido Socialista ha supuesto varias sanciones desde el año 2008, ya que la depuradora municipal no puede asumir la depuración del pueblo y de las empresas», ha aseverado.
Con ello, ha defendido que el actual equipo de Gobierno «quiere acabar de una vez por todas» con este problema y está «impulsando una solución definitiva y que interesa a todos los afectados».
Así, ha reactivado el procedimiento para la aprobación de un nuevo PAU, que «podría estar aprobado en tres o seis meses y que va a permitir que la empresa que mayores picos de necesidad de depuración tiene en esta época disponga de su propia depuradora».
Ha señalado que se hará con el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) del 1 de junio de 2016, «gracias a la reunión mantenida por el actual equipo del Gobierno y el presidente de CHT en el pasado mes de octubre».
Con todo, el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán ha expresado «su total compromiso con la protección del medio ambiente y también de los muchos puestos de trabajo que dependen de estas empresas», por lo que ha añadido que «esperan que todas las instituciones implicadas colaboren para que la solución esté en marcha lo antes posible».