El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un expediente sancionador al grupo Volkswagen por el fraude en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), según ha informado hoy Facua-Consumidores en Acción, que solicitó esta actuación al Ejecutivo autonómico.
En nota de prensa, Facua-Consumidores en Acción ha informado de que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad que ha iniciado estas actuaciones como consecuencia de las reclamaciones de la asociación, tras Andalucía.
La apertura del expediente sancionador se produce después de que el pasado octubre Facua presentase denuncias contra el grupo Volkswagen ante los 17 organismos dec onsumo de los gobiernos autonómicos por vulnerar sus respectivas leyes de defensa de los consumidores.
En total, ha señalado, la manipulación del software para falsear los datos sobre los niveles de emisión NOx afecta a unos 11 millones de vehículos a nivel mundial, de los que cerca de 700.000 fueron vendidos en España.
La asociación ha informado de que han tenido conocimiento de estas actuaciones tras una de las denuncias interpuestas por uno de sus socios castellanomanchegos ante la Dirección General de Salud Pública y Consumo de Castilla-La Mancha.
En el expediente, se imputa a Volkwagen-Audi España «la alteración, adulteración o fraude en bienes o servicios susceptibles de consumo (de vehículo automóvil) por adición o sustracción de cualquier elemento, alteración de composición o calidad, induciendo a engaño o confusión al consumidor».
«En principio, el organismo de la Consejería de Sanidad ha decidido incoar un expediente sancionador por cada conductor que reclame ante la autoridad autonómica de protección al consumidor», ha señalado Facua, que ha indicado que, «de producirse finalmente las multas, éstas podrían limitarse a un máximo de 5.000 euros por cada afectado que denuncie».
En sus denuncias, Facua argumenta que las prácticas llevadas a cabo por el grupo Volkswagen vulneran tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como las leyes autonómicas que regulan los derechos de los usuarios, en este caso el Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha (Ley 11/2005, de 15 de diciembre).