El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencia presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra la definición de la cuenca del Júcar al entender que es «ilegal» y no se ajusta a la realidad del territorio.
Tras esta resolución, dictada por el TC el pasado 19 de julio y que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de Castilla-La Mancha espera que «la justicia acabe evitando la inclusión de las cuencas intracomunitarias valencianas en el Júcar», según ha informado hoy la Consejería de Fomento en nota de prensa.
El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó el pasado mes de marzo un requerimiento de incompetencia al Consejo de Ministros para pedirle que rectificara el ámbito territorial de esta cuenca.
El Ejecutivo autonómico solicitó la derogación de los artículos 1 y 2 del Real Decreto 775/2015 donde se fija el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Júcar, por incluir cuencas intracomunitarias pertenecientes a la comunidad autónoma de Valencia.
Después de que el Gobierno de España no se pronunciase en el plazo legal de dos meses, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó un nuevo conflicto de competencia ante el plan de cuenca y ante el Tribunal Constitucional.
A juicio del Gobierno regional, con esta normativa se produce «una merma» de los derechos de agua de la cuenca cedente porque se «permite que intercambios de agua que antes eran considerados trasvases pasen a ser simples derivaciones internas entre caudales de una misma cuenca».
Además, hay una menor representatividad de la región en los órganos de toma de decisiones de la Confederación Hidrográfica (CHJ) porque la comunidad pierde dos representantes al alterarse el cálculo con la suma de la población abastecida de estas cuencas agregadas artificialmente al sistema.