El Ministerio de Hacienda ha enviado un burofax al Gobierno de Castilla-La Mancha para avisar de que recurrirá las oposiciones de sanidad previstas en la comunidad si la oferta no se reduce en un 50 por 100, al entender que no son correctos los cálculos de la tasa de reposición.
En concreto, el Gobierno central pretende que la comunidad disminuya en 349 las plazas ofertadas para personal estatutario respecto a las 669 previstas de nuevo ingreso, según ha explicado hoy en rueda de prensa en las Cortes regionales el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina.
A juicio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ejecutivo castellanomanchego no ha realizado de manera correcta la oferta de empleo público al incluir las plazas del personal estatutario que se han marchado a los sistemas de salud de otras comunidades autónomas.
Sin embargo, el consejero ha considerado que estos argumentos «son burdos» y ha asegurado que no tiene «ningún tipo de duda de que se ha actuado, en el caso de la tasa de reposición, con arreglo a derecho», ya que «un estatutario que se va de Castilla-La Mancha no tiene reserva de puesto de trabajo».
Con ello, ha aseverado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha «en ningún caso» va a modificar el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó la convocatoria de estas oposiciones, lo que le ha pedido el Gobierno central que haga en el plazo de un mes, momento a partir del cual interpondrá un recurso contencioso-administrativo.
Ruiz Molina ha opinado que detrás de este posible recurso con el que avisa el Gobierno central se encuentra la expresidenta regional y presidenta del PP castellanomanchego, María Dolores de Cospedal.
«Al final, vamos a sufrir más por que se haya marchado que porque se haya quedado», ha aseverado el consejero, quien ha denunciado que «al estar tanto tiempo en Madrid, utiliza sus tentáculos para perjudicar a la región».
Para Ruiz Molina, el Gobierno central tiene la «clara intención de poner palos en las ruedas de la recuperación económica y social iniciada» con el Gobierno de Emiliano García-Page.
«Nunca un Gobierno en funciones ha trabajado con esta eficacia siempre que se trata de perjudicar los intereses de Castilla-La Mancha y ello no puede ser sino consecuencia del interés que tiene Cospedal de que los destrozos que realizó durante su mandato la legislatura anterior se mantengan», ha considerado.
Con ello, ha recordado que el Gobierno central ya interpuso un recurso a la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos de 37,5 a 35 horas semanales que aprobó el actual Ejecutivo regional y que conllevó la suspensión de manera cautelar de esta medida por parte del Tribunal Constitucional.
Ha añadido que también, «cuando se aprobó la oferta pública de empleo en educación», les «metieron miedo diciendo que la iban a impugnar».
«Si se había atacado a uno de los servicios públicos fundamentales como era la educación, ahora se pretende hacer lo mismo con la sanidad», ha lamentado Ruiz Molina.
Y ha destacado que la oferta de empleo público de la Junta que ahora se pone en duda tiene tres objetivos básicos: «mejorar la calidad de los servicios públicos, dar estabilidad al empleo público para aquellos que están trabajando como interinos y aumentar o generar empleo público, uno de los compromisos que había adquirido García-Page con los ciudadanos».
«Hoy es un día triste para esta región», ha admitido el consejero, quien ha explicado que se pondrá en contacto con los sindicatos para exponerles la situación y comenzarán a trabajar con los gabinetes jurídicos de la Junta para defender la actuación del Gobierno autonómico.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó el 17 de junio la oferta de empleo público de la Administración de la Junta de Comunidades para personal sanitario, de administración general y personal laboral, que asciende en total a 1.494 plazas, de las que 669 son para personal estatutario de nuevo ingreso.