El fin del año Cervantes nos ha traído la noticia de que la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la propuesta del diputado de Compromís Ignasi Candela para que 2017 se declare “Año Miguel Hernández”. La iniciativa ha sido presentada por el grupo parlamentario mixto y aprobada tras una enmienda transaccional de socialistas, populares y Ciudadanos y el texto recoge «estudiar la posibilidad» de declarar el evento como acontecimiento de excepcional interés público e incentivar fiscalmente a quienes promuevan actividades económicas en cumplimiento de los planes y programas que se lleven a cabo. Esta declaración se enmarcaría en el 75 aniversario de la muerte del poeta e intentaría impulsar un calendario de iniciativas dedicadas al reconocimiento, estudio y difusión de la obra de Miguel Hernández.
La sola noticia de que a nuestros diputados les interese algún aspecto de la cultura, es todo un acontecimiento y ya por ello hay que aplaudirlo. Ya saben los lectores que la cultura es una de las prioridades políticas y así se percibe en los programas electorales, en los debates, en los presupuestos…Disculpen la ironía. Hace una década me dirigí a todos los diputados de la Comisión de Cultura con motivo de la tramitación de la Ley del Libro, la lectura y las Bibliotecas y salvo una diputada conocida todos siguieron la vía del silencio. Así que nada que objetar a difundir la vida y obra del poeta que, como expresó Pablo Neruda, “desapareció en la oscuridad” y debemos “recordarlo a plena luz”. Pero es cierto que esta efemérides se une a otras muchas, también por distintas razones significativas: cincuentenario de la muerte de Azorín, centenario del nacimiento de autores como José Luis Sampedro o Gloria Fuertes; 150 años del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez; bicentenario del nacimiento del poeta y dramaturgo José Zorrilla… Y muchos más nombres. Por ello concentrar ahora los esfuerzos públicos y los pocos dineros en un autor no me parece razonable, por mucho que me guste la poesía de Miguel Hernández y su propia figura humana y literaria.
¿Tocará ahora inventarse propuestas, programas, eventos como en los centenarios que acabamos de finalizar, y no siempre dentro del sentido común y como una expresión de una política cultural?
En la Biblioteca de Castilla-La Mancha claro que tendremos en cuenta a Miguel Hernández. Pero también a Gloria Fuertes, y a José Luis Sampedro, y a otros autores de nuestro tiempo o de siglos pasados. Algún autor ha solicitado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se sume a esta conmemoración. Pero yo tengo una propuesta distinta. Desde hace dos décadas vengo proponiendo que, como expresión del interés institucional hace este servicio público, se declare un “Año de las bibliotecas públicas”. Lo he intentado por activa, por pasiva y por perifrastica, sin ningún éxito, utilizando distintos medios y espacios, a nivel regional y también nacional. Tal vez como no milito en ningún partido político no soy una voz a tener en cuenta. Pero voy a seguir insistiendo. Recordaré oportunamente cuantas iniciativas en ese sentido he realizado, pero ahora citaré las últimas:
Con motivo del IV Centenario de la edición de la primera parte del Quijote propuse que el Gobierno Regional declarase 2005 “Año de las Bibliotecas”, y que anunciase una serie de medidas para consolidar y desarrollar la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Fue predicar en el desierto. Y me parecía tan necesario que, mediante un recurso literario, tuve que imaginarme que el Gobierno de España, que celebró su primera sesión de Consejo de Ministros el 23 de abril de 2004, tras el triunfo electoral del PSOE, tomaba una serie de medidas sobre el libro, la lectura y las bibliotecas. Y una de las medidas del gobierno socialista sería solicitar a la UNESCO que el 2005 fuese declarado “Año de la Biblioteca Pública”. Fue un modo de soñar y de clamar a favor de las bibliotecas públicas. Una ficción literaria para defender a las bibliotecas.
En 2015 celebramos el IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote; y en 2016, los 400 años del fallecimiento de su autor, Miguel de Cervantes. Sin duda serían dos años de referencias a la obra cumbre de la literatura española y al considerado “máxima figura de la literatura española”. Conciertos, exposiciones, publicaciones, encuentros literarios se sucederían con motivo de estos centenarios. Propuse, para centrar estos grandes eventos culturales, que estos años de etiqueta cervantina y quijotesca sirviesen de marco para la declaración de un Bienio de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas. Sugerí que la declaración la formulase el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras un pleno de las Cortes regionales en la que se aprobase una propuesta en ese sentido. El objetivo de esta declaración sería “proclamar su confianza en el libro, la lectura, la información y, especialmente, en los centros que en nuestro tiempo están llamados realmente a democratizar el acceso de todos los ciudadanos a estos medios: las bibliotecas públicas.” He reiterado estas propuestas pero ha habido un Gobierno que ha sido consciente de la importancia de una declaración de ese tipo: El Gobierno de Cataluña declaró el año 2015 como “Año de las Bibliotecas, aunque con un motivo distinto al que yo propongo: el centenario de la creación de la Red de Bibliotecas Populares de la Mancomunidad de Cataluña. Cataluña tiene en sus bibliotecas públicas uno de los servicios más importantes y al que están dedicando cuantiosos recursos las distintas Administraciones Públicas.
He alzado mi voz muchas veces en favor de que exista una política de Estado en materia de bibliotecas públicas, porque es injusto que los ciudadanos padezcan las desigualdades que se están produciendo por vivir en unas o en otras regiones o localidades. Como las competencias en bibliotecas, junto a las de coordinación en materia cultural que conserva la Administración General del Estado, son compartidas por las Administraciones Autonómicas y Locales, mi aspiración es que los políticos asuman un trabajo a favor de esa política nacional de bibliotecas. Esa sería una labor necesaria del Congreso. Porque la confianza en la educación, la información y la cultura como factores de desarrollo personal y social, así como los derechos constitucionales para garantizar estos valores, deben llevar al Gobierno de España a desarrollar medidas que garanticen que las bibliotecas públicas son un derecho de todos los españoles.
Pero veo más factible una declaración de este tipo en el caso de Castilla-La Mancha. Aún no se han aprobado los presupuestos generales de la Junta y, con el acuerdo de los tres grupos parlamentarios, deberían crearse las bases para la recuperación de unos programas de apoyo a la red de bibliotecas públicas de la comunidad autónoma. Con tres millones de euros se podrían recuperar algunos de los programas que fueron desapareciendo. Desde luego sería más productivo en la generación de actividades el trabajo de los bibliotecarios, verdadero ejército a favor de la cultura y de la palabra, que con pocos recursos crearía múltiples actividades sobre Miguel Hernández y sobre otros tantos escritores. La convocatoria de nuevo del programa “Biblioteca Abierta”, que apoyaba programas culturales de las bibliotecas y se suspendió hace seis años, supondría un compromiso del Gobierno regional con las bibliotecas públicas. Por otro lado, junto a las ayudas a la contratación de bibliotecarios, es urgente que las bibliotecas recuperen parte de su capacidad presupuestaria para adquirir colecciones bibliotecarias.
Como he dicho en otras ocasiones, el mejor homenaje que podemos hacer a la obra de Cervantes, de Miguel Hernández y de tantos escritores es defender los valores de las bibliotecas públicas como centros de encuentro, de creatividad y de debate, en los que las personas tengan a su disposición todos los registros de la palabra y de la información. Esta propuesta de declaración tendría un carácter estratégico y de marco para conseguir una política de Estado en el ámbito de las bibliotecas públicas. Desde luego me ofrezco, si fuera necesario, para explicar en las Cortes de Castilla-La Mancha o donde sea necesario una iniciativa de este carácter.
Juan Sánchez Sánchez, director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.