El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de subvenciones a entidades del Tercer Sector con cargo a los 9,7 millones de euros aportados por los ciudadanos a través de la casilla solidaria de la declaración de la renta, y a las que podrán acceder unas 300 entidades de Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha explicado hoy, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, que la aprobación de esta convocatoria supone que la asignación del 0,7 % del IRPF «va a ser gestionada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, de acuerdo a los intereses de los castellano-manchegos y no del Gobierno de España, que las venía gestionando hasta ahora».

La cuantía de esta convocatoria es de 9,7 millones de euros, «que es la aportación de los ciudadanos a través de la casilla solidaria de la declaración de la renta», ha explicado la consejera,

Ha indicado que «en 2017 es igual que en 2016», pero se va a exigir que tenga en cuenta indicadores como la dispersión o la ruralidad como factores de reparto, con lo que Castilla-La Mancha «va a defender un incremento de este reparto más equitativo para futuros ejercicios».

Hasta ahora, el Gobierno de España gestionaba el cien por cien de esta recaudación de la casilla solidaria del IRPF, que en el año 2016 ascendió a 240 millones de euros.

[ze_summary text=»Un 80 por 100 lo gestionan las CCAA y el 80 por 100, el Estado»]Un 80 por 100 lo gestionan las CCAA y el 80 por 100, el Estado[/ze_summary]Sin embargo, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por Cataluña, decidió que la convocatoria se haga este año de acuerdo al nuevo modelo mixto, con un tramo del 20 % gestionado por la Administración General del Estado y un tramo del 80 % para cada comunidad autónoma.

Con la aprobación de la convocatoria, la región es la quinta comunidad autónoma que va a convocar estas subvenciones (ya lo han hecho Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia), en estos casos ya ha finalizado el plazo de presentación de solicitud.

Las entidades que podrán concurrir a esta convocatoria están definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, además de Cruz Roja Española y todas aquellas otras asociaciones o sus federaciones que reúnan los requisitos contemplados en esta orden.

Los que no pueden acceder

Sin embargo, no podrán hacerlo las entidades de derecho público vinculadas a una Administración pública, las universidades, los partidos políticos y sus fundaciones, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y sindicales, y otras entidades con análogos fines.

Sánchez ha indicado que espera que concurran a esta convocatoria unas 300 entidades sociales.

En 2016 se han financiado 210 proyectos de 118 entidades, según la resolución de la Secretaría General de Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España.

Por sectores, 20 correspondían a programas de infancia y familia, 28 estaban dirigidos a jóvenes, 19 a mujeres, 19 a personas mayores, 49 a personas con discapacidad, 20 a personas drogodependientes, cinco a personas con VIH, cinco a personas de étnica gitana, diez a personas reclusas y exreclusas, cinco a urgencias, cinco eran de inclusión social, seis estaban dirigidos a personas inmigrantes, seis para intervención en voluntariado y tres para igualdad de trato y no discriminación.

El objetivo de estas ayudas es mejorar el bienestar social de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de las personas con discapacidad, mujer, infancia-jóvenes-mayores o con problemas de salud (VIH, drogas) o sociales importantes.

Los proyectos cubrirán las necesidades específicas de intervención social de las personas en situación de pobreza y exclusión social o personas que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.