El año 2018 dejó dos víctimas mortales, ambas en Toledo, por violencia de género en Castilla-La Mancha, donde se interpusieron un total de 4.207 denuncias por este motivo, 896 menos que en el pasado ejercicio. Los corredores de La Sagra, en la provincia de Toledo, y del Henares, en Guadalajara, son las zonas de la región que más denuncias por este tipo de delito aglutinan, al albergar una mayor densidad poblacional.
Así lo ha destacado la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la región, Mar Álvarez. En rueda de prensa ha hecho balance de la gestión de las unidades contra la violencia de género en Castilla-La Mancha y ha ofrecido datos preliminares, a falta de que el Gobierno central publique la memoria del 2018.
Álvarez, que ha comenzado su comparecencia ante los medios afirmando que «detrás de cada uno de los números hay historia de vida, de lucha y de superación», ha indicado que en el 2018 no se registraron en la región víctimas mortales menores de edad a causa de la violencia de género que, por contra, sí ha dejado una huérfana.
[ze_summary text=»Detrás de cada uno de los números hay historia de vida»]
Detrás de cada uno de los números hay historia de vida[/ze_summary]
1.404 mujeres con protección policial
Así las cosas, en el pasado año en Castilla-La Mancha había un total de 956 mujeres con órdenes de protección, frente a las 1.336 que lo solicitaron y el número de mujeres con protección policial activa fue de 1.404, 327 más frente a 1.077 del 2017.
Preguntada por las causas de que tan solo se concedan dos tercios de las órdenes de protección solicitadas, la responsable de la unidad de Coordinación contra la Violencia sobra la Mujer ha explicado que son varios los factores que hacen que no se otorguen todas las demandadas, pues se deniegan en caso de que la víctima tenga respaldo familiar, sea derivada a un centro, cambie su residencia a otra comunidad autónoma o el agresor sea detenido. «A veces es la propia víctima la que renuncia a esa protección«, ha añadido.
En cuanto a las usuarias activas del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro), por el que las víctimas disponen de un dispositivo móvil para entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal especializado, se ha incrementado en el 2018 en un seis por ciento, «en la línea del crecimiento sostenido de los últimos ejercicios».
700 llamadas al 016 de familiares y allegados de las víctimas
Respecto a quién llama a 016 –para recibir asesoramiento jurídico en materia de violencia de género– en 2017 se registraron un total de 2.595 llamadas frente a las 2.552 del 2018, una disminución «no significativa», según ha defendido Álvarez, que sí ha destacado que se han registrado un 6 por ciento más de llamadas de personas del entorno de la víctima, no familiares. No obstante, las consultas realizadas por parte de las víctimas fueron unas 1.700, frente a las 700 que realizaron los familiares y allegados a ellas.
Dicho esto, la jefa de a Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, ha explicado que en el caso de las usuarias de los sistemas de seguimiento telemático, que tienen un dispositivo que les avisa de los movimientos del agresor, se ha registrado un incremento del 24 por ciento, pasando de 63 en 2017 a 79 en el pasado ejercicio.
«Este incremento es importante porque los casos de asesinato raramente se produce con sistema de seguimiento activo. Es una de las medidas más eficaces que tenemos para la protección de las víctimas», ha defendido.
11 mujeres han tenido que dejar su trabajo por la violencia de género
En otro orden de cosas, Mar Álvarez ha indicado que se han realizado 32 y 40 contratos de víctimas de violencia de género en 2017 y 2018 respectivamente, y que entre los dos últimos ejercicios se han llevado a cabo en la región un total de 11 contratos para sustituir a mujeres que han tenido que dejar su puesto de trabajo por esta causa.
En cuanto a la renta de inserción activa, en situación por especial vulnerabilidad y dotada de 430 euros mensuales, se ha pasado de 2.556 en 2017 a 2.417 perceptoras en 2018. Las ayudas por cambio de residencia han pasado de 185 en 2017 a 140, en el pasado ejercicio, mientras que las ayudas económicas recogidas en el artículo 27 de la Ley 2014 han pasado de tres, del 2017, a seis en 2018. También en el último ejercicio se han concedido un total de 16 autorizaciones de residencia y trabajo a extranjeras víctimas de violencia de género, por 26 otorgadas en el 2017.
Tres casos de riesgo extremo y seis alto
Por último, Mar Álvarez ha apuntado que el número de casos activos por nivel de riesgo en el sistema VioGén –que mide el riesgo de una víctima de maltrato– era en Castilla-La Mancha a 31 de diciembre de tres casos extremos, seis altos, 226 medios y 1.898 bajos o no apreciado. En total, la media mensual es de 3.133 casos activos.
Una vez desgranados los datos, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Castilla-La Mancha ha asegurado que entre los retos para este ejercicio se encuentra actuar con las mujeres con mayor vulnerabilidad, que se sitúan en un entorno rural y que tienen menos salidas y ayuda.
De ahí que haya destacado que los 1.100.000 euros que los ayuntamientos de la región van a recibir, toda vez que el Gobierno central haya devuelto las competencias a los administraciones locales, va a permitir que esas mujeres puedan tener una ayuda más cercana.
Asimismo, desde esta unidad trabajarán con los jóvenes, entre los que se está produciendo un repunte de casos de violencia por las nuevas formas que tienen este sector de la población de entender la sexualidad. «Según los datos del Consejo General del Poder Judicial en 2017 el número de menores condenados por violencia de género se ha duplicado», ha lamentando Álvarez.