Los afectados por la construcción de la autopista de peaje AP-41 que une Madrid y Toledo, en fase de concurso de acreedores, exigen el pago de las indemnizaciones por expropiación pendientes desde hace ocho años y denuncian la ilegalidad de la ocupación de los terrenos.
En este contexto, la firma de ayuda al expropiado Cleocir tiene previsto presentar en breve una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) reclamando la devolución de más de mil millones de euros de fondos europeos.
En este contexto, el gerente de Cleocir, Fernando Guirao, reclama el cumplimiento legal y contractual de la concesionaria para asumir la obligación de pago de los justiprecios derivados de las expropiaciones tal y como recogen diversos fallos judiciales.
En este sentido, considera que el perjuicio que soportan desde hace años los expropiados supone un desequilibrio patrimonial y una injusticia notable máxime cuando la concesionaria se encuentra en una situación de insolvencia.
En consecuencia, sostiene que la concesionaria ha construido una obra pública mediante la ocupación ilegal de bienes y derechos de titularidad privada.
Con respecto a la situación concursal de la autopista, Cleocir cree que conlleva ventajas únicamente para la concesionaria ya que se puede establecer una quita de la deuda en el marco de la negociación con los acreedores y el bien no se puede liquidar sino que se transmite directamente a la administración.
Asimismo, la firma asegura que en la construcción de la autopista se omitió por completo a los afectados el trámite de información regulada y que los pliegos de condiciones y la redacción del proyecto recogían unas previsiones de tráfico erróneos.
Por otro lado, subraya la insuficiencia de los presupuestos de expropiaciones que se evaluaron en el momento de la adjudicación, 54 millones, cuando en la actualidad ascienden a 150 millones más los intereses de demora y la indemnización correspondiente, lo que podría elevar la cifra a los 240 millones.
Por ello, reclaman al Ministerio de Fomento que declare nulo el contrato de concesión de la AP-41 y que proceda al pago, a la mayor brevedad, de los justiprecios generados en los procedimientos expropiatorios.