El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, ha defendido este miércoles su inocencia ante el delito de prevaricación administrativa del que está acusado por el nombramiento del jefe de los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) en 2015.
Cabañero ha incidido en que siempre «hemos obrado conforme lo técnicos de la casa asesoraban».
Cabañero se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios, a su llegada a la Audiencia Provincial de Albacete, en cuya Sección Segunda ha comenzado esta mañana el juicio en el que el presidente de la Diputación declarará el último, previsiblemente este jueves aunque el proceso está señalado hasta este viernes.
El Ministerio Fiscal pide para Cabañero 11 años de inhabilitación administrativa.
Cabañero afronta el juicio con «tranquilidad»
Ha defendido que afronta el juicio «con la tranquilidad de quien se sabe inocente, de quien siempre ha actuado con rectitud, haciendo las cosas tal y como los órganos de la casa han aconsejado».
El también secretario provincial del PSOE en Albacete, que ha llegado a la Audiencia Provincial acompañado de su abogado y del vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, ha confiado «en poder demostrar mi inocencia».
También ha dicho que llega «con ganas porque es un procedimiento desde 2017» y ha recordado que «los hechos son de 2015» cuando él «llevaba tres meses» en el cargo de presidente de la Diputación.
Antes de las declaraciones, la Sala ha debatido sobre admitir o no la grabación del pleno de la Diputación del 4 de diciembre de 2015, donde se aprobó el nombramiento del jefe del Sepei, y sobre si su admisión podía suponer la nulidad del proceso, pero el magistrado -tras escuchar a las partes y retirarse unos minutos a deliberar- ha considerado que no hay problema en que se pueda visionar, por lo que está previsto que se vea este viernes.
El funcionario de la Diputación que, en el momento del nombramiento del jefe del Sepei, ejercía las funciones de interventor ha declarado que recibieron la propuesta del presidente donde se pedía ese nombramiento y se hizo la valoración económica para formalizar el gasto -siguiendo el procedimiento habitual-, y ha apuntado que se puso un reparo al expediente porque «faltaba el informe de recursos humanos» justificando el citado nombramiento.
Ha señalado que también se aconsejaba que la mejor manera para el nombramiento habría sido el denominado ‘concursillo’: «el reparo era por la falta del expediente de recursos humanos, lo del concursillo era solo como advertencia, pero que se puede hacer sin que sea así», ha afirmado a preguntas del fiscal y los abogados de la acusación.
Se ha referido a que el reparo se podía solventar, como se hizo, por resolución de Presidencia y ha incidido, a preguntas de la defensa, en que era una práctica que ocurría en más procesos y que, en ese momento, en el servicio de recursos humanos había «una situación un poco complicada» que habría podido incidir en que ese informe no estuviera pero que «no» recordaba «exactamente por qué».
La funcionaria de la Diputación que en ese momento era la secretaria técnica de intervención ha declarado en la misma línea y ha precisado que en su informe puso reparos al expediente porque faltaba el informe de recursos humanos.