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domingo, 29 de diciembre de 2024
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Libreta. Imagen de archivo
Tras haberse filtrado información - 13 diciembre 2024 - Albacete

UGT Servicios Públicos advierte al Ayuntamiento de Albacete que no ha adoptado las garantías jurídicas necesarias tras la aprobación de las bases de la convocatoria para cubrir 30 plazas públicas de conserje limpiador/a. 

El pasado 3 de diciembre de 2024 se celebró Mesa General de Negociación, en la que uno de los temas a tratar era la aprobación de las bases específicas y convocatoria para proveer 30 plazas de conserje limpiador/a del Ayuntamiento de Albacete incluidas en la Oferta de Empleo Público 2022/2023.


Durante la celebración de esa mesa, UGT Servicios Públicos advirtió que el informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos firmado por la Adjunta de Recursos Humanos y el jefe de Negociado de Gestión Administrativa y Selección de Personal había sido filtrado a algunas academias que se dedican a preparar este tipo de oposiciones, teniendo conocimiento de al menos dos centros que pudieran haber sido beneficiarios de esta información.  El sindicato comprueba que esto ha sucedido el día 29 de noviembre antes de que haya sido debatido y aprobado por este órgano, matizando que a este documento solo tienen acceso los representantes habilitados para la asistencia a la mesa de negociación.

UGT denunció la gravedad de este asunto, dado el deber de sigilo que tienen todos los integrantes de esta mesa, así como el quebranto del principio de igualdad de oportunidades generando una apariencia de no imparcialidad en los procesos selectivos que convoca este Ayuntamiento. El hecho de la filtración fue reconocido por algunos miembros de la mesa tras ser acreditado por UGT. La representación de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras se abstuvo en dicha votación por considerar que las bases eran ajustadas a derecho no votando en contra por no obstruir el proceso de selección de dicha oferta.

Desde el sindicato lamentamos que el Ayuntamiento de Albacete apruebe definitivamente las bases en la Junta de Gobierno Local y las envíe a publicar sin haber tomado las medidas oportunas. De este modo el consistorio no ofrece garantía jurídica a dicho procedimiento.

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